En los aeropuertos que están bajo la administración del Estado también se registró un incremento en los boletos aéreos de un 8,5%.
La aerolínea estatal Tame, por ejemplo, anunció un cargo en sus pasajes de USD 6. Esta compañía vuela a los aeropuertos de Loja, Coca (Orellana), Lago Agrio (Sucumbíos), Esmeraldas, etc., los cuales son administrados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Pero no es la única empresa que cubre esas rutas. AeroGal también opera hacia el Coca, uno de los aeropuertos administrados por el Estado. En esa ruta, la empresa registra un incremento de USD16,80 por vía. Así lo comprobó este Diario al comunicarse con servicio al cliente de la firma.
Aunque en un comunicado que envió esta compañía dijo que los recargos para estos aeropuertos son de USD 6, al igual que Tame.
En el comunicado, AeroGal afirmó que en los pasajes se cobra un sobrecargo por el valor del combustible de USD11 en las rutas que incluyan los vuelos entre los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Por su parte, en los vuelos hacia las islas Galápagos se registra un incremento de USD 50 por vía.
Sin detallar montos, LAN también envió ayer un comunicado, en el que estableció que la aerolínea incrementó sus tarifas en un “rango que no supera el 17%”.
El Decreto Ejecutivo que norma la eliminación del subsidio al combustible aéreo establece que los aeropuertos que están bajo la administración de la DGAC acceden al 40% del subsidio. “En ningún caso el precio del jet fuel será inferior a USD 1,25”, señala el documento.
Hasta el año pasado, las aerolíneas nacionales cancelaban un promedio de USD 1,15 por galón de combustible.
Según las autoridades aeronáuticas, esta preferencia permitirá que dichos aeropuertos dinamicen sus operaciones y se incrementen los servicios y la conectividad. Además, según datos oficiales, entre el 2007 y 2011 se ha invertido USD 216,9 millones en la remodelación y construcción de aeropuertos en el país.
Los empresarios del sector destacaron que el subsidio para ciertas rutas no es rentable, pues se trata de aeropuertos que no generan mucho tráfico aéreo, ya que la ruta más demandada en el país es la de Quito-Guayaquil.
Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, señaló que en los aeropuertos que acceden al subsidio, los costos de los pasajes serán relativamente menores, lo que potenciará el turismo. Aunque no deja de reconocer que las terminales aéreas que movilizan mayor cantidad de pasajeros como Quito, Guayaquil o Cuenca perderán un porcentaje de pasajeros.
En cambio, Guillermo Bernal, presidente de la Asociación de Aerolíneas Nacionales (Adena), explicó que los aeropuertos no se desarrollan con subsidios, sino conel mejoramiento hotelero y turístico. “El aeropuerto es una herramienta, es el medio de desarrollo, no es el fin”.
Además, señaló que en el 2006 Ecuador tenía una flota de aviones con 36 años de vida aproximadamente. “Ahora tenemos la flota más nueva”. Su preocupación, con esta medida es que las aerolíneas decidan regresar a los antiguos aviones ya que no hay ningún incentivo para mantener la nueva flota en el Ecuador.
La Ley Antimonopolio se aplicará en aerolíneas
El presidente de la República, Rafael Correa, anunció el martes pasado que las aerolíneas no deben realizar incrementos tan altos en los precios de los boletos aéreos. “Parece que hay algunas empresas que están especulando”.
Incluso citó a la empresa pública Tame y señaló que en sus primeros boletos la compañía señala un costo por recargo de combustible. Para controlar esto, Correa dijo que se aplicará la Ley de Control de Poder del Mercado.
Esta Ley está vigente desde octubre del año pasado y aplica a cualquier industria o persona que realice actividades económicas en el país.
Xavier Andrade, jurista, explicó que para aplicar esta Ley es necesario realizar un análisis técnico para entender las razones por las que se da el incremento.
“La Ley no prohibe que se alcen los precios; lo que prohibe es que una compañía abuse de su poder en el mercado o se ponga de acuerdo con sus competidores para alzar los precios de manera exagerada”.
Para ello, se aplicarán los artículos 9 y 11 que tratan sobre los abusos y los acuerdos restrictivos respectivamente. “Esto se determina con un estudio”, dijo.