La alianza público-privada ahora es urgente
Nathalie Cely reconoció en la cita con empresarios, que el país atraviesa un momento económico negativo. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.
El salón de eventos del Hotel Wyndham, en el centro de Guayaquil, se llenó la mañana de ayer. Decenas de empresarios acudieron al evento que la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio (Amcham) organizó para que Nathalie Cely, ministra coordinadora de la producción, presentara los detalles del proyecto de Ley de Alianza Pública-Privada.
Casi tres horas duró el encuentro. Cely indicó que el proyecto tuvo algunas modificaciones luego de analizarse con varios ministerios vinculados a los sectores estratégicos. Ayer se presentó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Entre las modificaciones que dio a conocer la Ministra está una disposición para que el Ejecutivo pueda derogar artículos de leyes que pudieran contraponerse a la implementación de los incentivos que se proponen en el proyecto.
Asimismo, se plantea retirar algunas trabas para que llegue sin problemas financiamiento internacional. Esto aplicará, por ejemplo, a inversionistas que obtengan financiamiento de países considerados paraísos fiscales. El proyecto se enviaría con carácter de económico urgente para que sea aprobado en un mes en la Asamblea Nacional, aunque no se precisó fecha.
En el proyecto se daría prioridad a la ejecución de proyectos del área de la construcción, que es uno de los que más impulso se necesita en el “ciclo negativo” que atraviesa el país.
La reunión fue la oportunidad para que los empresarios dieran a conocer sus preocupaciones sobre la actual situación económica del país, en un momento en el que varios sector productivos prevén decrecimiento.
Intervinieron representantes de varios sectores, como Heinz Moeller, ex canciller; Henry Kronfle, del Comité Empresarial; Teodoro Maldonado, director jurídico de la telefónica Claro; José Pileggi, del sector de la construcción y representantes de sectores agrícolas.
Aunque cada uno mencionó las preocupaciones particulares a su área de interés, todos hicieron énfasis en que el proyecto debe venir acompañado de seguridad jurídica y estabilidad normativa.
“Todo lo que ha presentado aquí son cosas que cualquiera de los empresarios presentes hubiera dicho, estamos de acuerdo. Pero para que todo lo que dijo se haga realidad necesitamos un cuerpo legal que no dependa de interpretaciones que cambian”, dijo Moeller.
Teodoro Maldonado, de Claro, pidió “previsibilidad de las normas para no castigar la inversión” y “una participación más activa” en la Junta de Regulación de Poder de Mercado.
“Usted preside la junta de regulación, queremos una participación activa suya, que se garantice que las normas que adopte la Superintendencia y otros entes realmente promuevan la competencia y no se castigue la inversión”, sostuvo Maldonado.
Por su parte, José Pileggi, se quejó sobre los resultados del Código Orgánico de la Producción (Copci) y cuestionó los resultados que tendría esta nueva propuesta.
“Ya que usted participó en la promoción del Código de la Producción, que poco o nada ha hecho, ¿cree que esta ley que nos está presentando nos va a responder en función de levantar al país?”.
Cely defendió los resultados del Copci y mencionó que durante el primer semestre del presente año se han firmado 33 contratos de inversión por USD 2 040 millones.
En la presentación también se mencionó que existe un portafolio de proyectos para ejecutarse bajo la modalidad, en carreteras que sumarían USD 2 313 millones en tres años de un total de USD 6 700 millones que debieran realizarse durante el plazo de concesión de proyectos.
En la presentación se dieron a conocer algunas empresas interesadas en obras de construcción. La empresa Yilport, de Turquía, está interesada en invertir USD 212 millones en un puerto en Machala, mientras que la empresa DP World invertiría USD 358 millones en el puerto de Posorja.
