11 de February de 2011 00:00

Alfredo Larrea postergó su declaración en el caso Cervecería

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Para mañana quedó aplazada la comparecencia de Alfredo Larrea Jijón ante la Fiscalía.

Ayer, el principal involucrado en el supuesto soborno que le habría hecho la Cervecería Nacional (CN) por USD 1,05 millones, para mover sus influencias ante la Corte Constitucional y obtener un fallo favorable, no se presentó a rendir su declaración.

Según la denuncia del asambleísta Galo Lara, Larrea Jijón utilizó su parentesco (hermano) con el secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón, para favorecer a la compañía en una decisión por la demanda que ex trabajadores mantenían desde hace tres años.

La denuncia de Lara desencadenó un escándalo que ahora tiene a los magistrados de la Corte contra las cuerdas, ya que las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría buscan encontrar posibles anomalías en el caso.

Con el silencio de la Cervecería sobre el escándalo, la audiencia de Alfredo Larrea era muy esperada ayer, pero personeros de la Fiscalía informaron que el abogado de este, Julio César Vasco (quien hasta hace poco era juez Suplente del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha), envío una solicitud para cambiar la fecha. Por ello, Larrea deberá presentarse a dar su versión hoy, aunque inicialmente la Fiscalía lo había citado para el próximo lunes.

En declaraciones a Teleamazonas, Alfredo Larrea Jijón señaló el miércoles que su vínculo con la Cervecería fue para una asesoría constitucional. Y dijo: “Aún me deben dinero por ese trabajo”.

Al respecto, el juez de la Corte Constitucional, Manuel Viteri, pidió a seis vocales, incluidos el Presidente del organismo, Patricio Pazmiño, que “dejen el caso para que otros jueces lo manejen”.

Asimismo, los ex empleados de la Cervecería, que demandan el pago de utilidades por USD 90 millones, presentaron por escrito un pedido para que la Corte dictamine la nulidad del proceso.

Según Arturo Cervantes, procurador común de los ex trabajadores, no tuvieron opción a la defensa y el modo en el que la Corte se llevó el expediente de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas, no fue el correcto.

Luis Zúñiga, abogado de los ex trabajadores, explicó que “la ley faculta a la Corte a seleccionar un caso, pero se debía tener una sentencia. En nuestro caso, eso estaba todavía en estudio”.

En ese sentido, ahora las indagaciones también apuntan a comprobar si hubo alteraciones en los procesos judiciales previos a la decisión definitiva tomada a favor de la Cervecería, el 20 de enero.

La duda principal radica en por qué el juicio cambió de la vía ordinaria judicial a una constitucional. El antecedente de los pagos de utilidades a los ex trabajadores de Holcim, que se trató por la vía ordinaria, es el argumento de los trabajadores para desestimar la acción emprendida en la Corte. Y en ese sentido, los ex trabajadores exigen volver a la vía normal y tratar el juicio en Guayaquil.

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