30 de October de 2011 00:02

Ajuste laboral por la fuerza

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Sin presentar la renuncia y sin conocer las causas de su salida, cientos de empleados públicos dejaron sus puestos de trabajo el viernes pasado, intimidados por la presencia de la fuerza pública en entidades estatales.

Con el argumento de hacer un cambio generacional en la burocracia del país, el Gobierno dejó a un lado el principio de estabilidad laboral que tanto defendía cuando luchaba por la eliminación de la tercerización y el trabajo por horas en empresas privadas.

La base para la compra de las renuncias obligatorias, aplicada masivamente el viernes pasado en el sector público, es el Decreto 813, emitido en julio pasado, el cual fue demandado ante la Corte Constitucional. Sin embargo, eso no ha detenido al Gobierno, tal vez porque confía que la demanda no tendrá futuro en una Corte amiga.

La presencia de la Policía durante la masiva notificación de renuncias obligatorias evidencia que el Gobierno no tiene empacho en imponer por la fuerza las tesis que no pudo hacerlo mediante el diálogo. No importó que la evaluación a los servidores públicos haya sido poco transparente y que no se brindaran mayores opciones de reclamo a los empleados públicos.

La falta de diálogo ha sido una constante del Régimen en sus cinco años en el poder, y ahora se evidencia en la política laboral, donde 3 866 burócratas dejarán sus puestos hasta finales de año. Pero eso no significará que se reducirá el tamaño de la burocracia, ya que esos cargos serán ocupados por gente nueva, que se sumará a los más de 100 000 que han entrado en 5 años.

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