El Ministerio del Interior está dentro del programa de optimización del Estado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por Anna Ivanova, estará en el país desde este lunes 12 de agosto del 2019 para realizar la segunda revisión de las metas trimestrales que el Gobierno debe cumplir en el marco del acuerdo de ayuda económica firmado con el ente en marzo pasado.
Se trata de objetivos en temas monetarios, fiscales y de desempeño continuo. Del cumplimiento de estos depende el tercer desembolso, por USD 250,14 millones, programado para el 15 de septiembre de este año.
Una de las metas más complicadas para el Gobierno es la de ajuste en las cuentas fiscales. En marzo, cuando se firmó el acuerdo, se estableció que en el 2019 la brecha o déficit fiscal sea de USD 2 000 millones. Es decir, los gastos no pueden superar a los ingresos más allá de ese monto. Para Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, el Régimen deberá pedir revisión de esta meta, pues es posible que no la alcance.
Según la ejecución presupuestaria, el déficit hasta julio alcanzó los USD 1 195 millones. En el segundo semestre, el Fisco tendrá que hacer fuertes gastos, como todos los años, debido al pago de décimos y otras obligaciones.
La meta del déficit se mantuvo tras la primera visita de revisión del FMI, que se realizó en mayo pasado.
Sin embargo, el multilateral se mostró flexible. El organismo estuvo de acuerdo en que el país vaya más lento en el ajuste a salarios y profundice el recorte en el rubro de bienes y servicios.
“Es probable que las medidas para reducir la factura salarial del sector público se acumulen a un ritmo más lento que el programado, debido al cronograma escalonado de reducciones y a la necesidad de proteger a los trabajadores en sectores críticos”, señaló el multilateral en el informe sobre la ejecución del programa, emitido en junio.
En marzo, el Gobierno acordó con el Fondo que debía reducir los salarios del sector público en unos USD 500 millones en el 2019 y en USD 300 millones en el 2020.
Sin embargo, luego de la visita de mayo, se estableció que el Ministerio de Finanzas recorte el gasto en sueldos de los empleados públicos en USD 200 millones durante este año.
El Gobierno se comprometió con el FMI a incrementar el gasto en el área social. Foto: cortesía Presidencia
Para el 2020, en cambio, el recorte de este rubro deberá ser de USD 600 millones; es decir, el doble de lo que se había acordado en marzo.
“Eso tendrá un impacto importante en las cifras de empleo y también en el crecimiento económico del siguiente año, porque con un deterioro en las cifras de empleo también habrá menos consumo y dinamismo en el comercio”, explica Gonzalo Paredes, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Este año, el Fisco presupuestó USD 9 363 millones para salarios. Hasta julio se desembolsó ya el 54% de ese monto.
El Gobierno ha tomado algunas medidas este año para optimizar el tamaño del Estado, pero no han sido suficientes, señala Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal. “Al Gobierno le va a costar cumplir este requerimiento, tendrán que dialogar con el Fondo nuevamente en esta segunda visita”, dice.
En julio pasado, el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo 2019-195 -con directrices sobre un sistema de puntuaciones- para evaluar, seleccionar y optimizar al personal que es parte de las entidades estatales que están en proceso de fusión, reestructuración, absorción o supresión.
De los datos publicados en el informe de junio se observa que el FMI estima que puede flexibilizar la meta de ajuste de gasto en salarios, porque el Estado necesitará menos recursos en subsidios, debido a la caída del precio del crudo, lo que impacta en las importaciones de derivados.
La reducción en subsidios debía ser de USD 1 700 millones, pero la expectativa se relajó a USD 1 100 millones.
El Presupuesto de este año se elaboró con un precio de barril de crudo de USD 50,05. Entre enero y el 18 de julio, el precio promedio fue de USD 57, aunque la cotización del crudo viene descendiendo.
En cambio, el rubro de bienes y servicios para el mantenimiento del Estado (pago de servicios básicos, arriendos, etc.) se debía recortar en USD 500 millones este año, pero el monto subió a 800 millones.
Ortiz considera que el desembolso de septiembre se logrará debido a que el ente está siendo flexible en las metas trimestrales. “El reto será alcanzar las cifras exigidas hasta el final del año, y la mayor presión vendrá en el 2020”, dijo.
Uno de los objetivos que el Gobierno no podrá cumplir hasta diciembre próximo es el monto de las reservas internacionales en el BCE. En marzo, el FMI estableció que este indicador a cargo del banco alcance los USD 4 999 millones.
En la visita de mayo pasado se relajó la cifra a un monto de USD 4 679 millones.
Pero la gerenta del BCE, Verónica Artola, indicó que el ente estima que al finalizar el año, la cifra será de USD 3 500.
Otros compromisos que debe cumplir el país tienen que ver con cambios normativos. El más importante es la reforma tributaria, que según el Gobierno, se enviará a la Asamblea luego de la vacancia legislativa de agosto.