El acueducto La Esperanza está localizado en el cantón Bolívar; es parte de las obras tempranas del proyecto Refinería del Pacífico. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Construido en el 2014 por Odebrecht, el acueducto La Esperanza, en Manabí, posee equipos y maquinarias de alta calidad para entregar agua cruda, pero son subutilizados y corren el riesgo de deteriorarse, porque la empresa Refinería del Pacífico (RDP) no cuenta con presupuesto para dar una atención adecuada.
Además, en el 2018 se detectaron 20 conexiones clandestinas en la tubería de 94 kilómetros, de donde se sustrae ilegalmente el líquido.
Documentación interna de la empresa y auditorías externas revisadas por este Diario dan cuenta de la situación.
Un informe de diciembre del 2018, de la gerencia general de la RDP, revela que la operación y mantenimiento “no ha sido efectuada de manera integral”, por los limitados recursos asignados por los accionistas Petroecuador y Pdvsa.
Para ese año, la gerencia solicitó un presupuesto de USD 26 millones, para atender a toda la RDP, pero Petroecuador solo aprobó USD 5 millones, expone el informe. La mayor parte se empleó en el acueducto, aunque fue insuficiente.
El proyecto es parte de las obras tempranas de la Refinería y tuvo un costo de USD 298 millones. La represa está en el cantón Bolívar (Manabí) y es vigilada por tres guardias. Ciudadanos frecuentan la zona como un sitio turístico, por su atractivo paisaje.
Desde ahí transporta agua cruda hacia El Aromo. Provee a la RDP y a los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. Posteriormente, cada municipio potabiliza el líquido para el consumo de sus habitantes. El flujo total al día supera los 144 000 metros cúbicos.
Técnicos de la empresa RSP Energy, que en el 2018 auditó el proyecto con el aval del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constataron que el mantenimiento es escaso y limitado.
Verificaron que los equipos y sistemas de control son de excelente calidad; sin embargo, por la falta de presupuesto, señalaron que “el acueducto está subutilizado”. También evidenciaron el robo de agua.
“Sus operadores mencionaron una absoluta falta de presupuesto para realizar ni siquiera un mantenimiento reactivo (…) RPS estima que es solo cuestión de tiempo hasta que se produzcan inconvenientes mayores”, advierte el reporte de la auditoría.
El hallazgo de las conexiones clandestinas fue reportado a la Policía Nacional en mayo del 2018. Un mes después, el entonces gerente general de la Refinería, Nelson Chulde, entregó un informe técnico.
Chulde expuso en ese documento que las tomas se localizan en acoples de las válvulas de aire/vacío, poniendo “en riesgo la integridad mecánica de la tubería y afecta a la hidráulica del sistema operacional del mismo”.
Gracias a las inspecciones se determinó que el agua es extraída mediante tubería enterrada y es trasladada hasta terrenos a media distancia. Se sospecha que el líquido es utilizado para riego de sembríos y uso doméstico.
La tubería del acueducto posee instalaciones conexas, siete antenas de comunicación y 220 válvulas cuya función es eliminar el aire del interior del ducto.
Chulde, en otro informe de diciembre, aseguró que las pérdidas de agua se encontraban por encima de los 1 000 metros cúbicos por hora, afectando directamente a la hidráulica del sistema, además de alterar el funcionamiento diseñado para las válvulas.
La velocidad y el caudal se incrementaron para no interrumpir el abastecimiento a los tres cantones, lo cual elevó la tarifa eléctrica por la operación de las bombas.
RPS Energy anticipó que la “anormalidad operacional se incrementará significativamente a futuro”.
Este Diario, el 16 de abril del 2019, a través de correo electrónico solicitó al Ministerio de Energía datos actualizados sobre el funcionamiento y mantenimiento del acueducto. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
El 15 de abril, Carlos Pérez, titular de esa Cartera de Estado, informó en Manabí que existe la intención de trasladar las competencias del acueducto a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), una vez que finalice el proceso de liquidación de la RDP.
Asimismo, el funcionario reconoció la existencia de instalaciones clandestinas en las válvulas de venteo.
Ese mismo día, Humberto Cholango, principal de Senagua, dijo que está en trámite un financiamiento por USD 4 millones para atender las necesidades del acueducto.
La Senagua también fue consultada por este Diario el 18 de abril, vía correo electrónico, para conocer cuáles son los planes para el proyecto, pero tampoco respondió.
En febrero de este año, de los grifos de los hogares de Jaramijó salía agua turbia, con un tono café. Representantes de la refinería confirmaron a Bawer Bailón, alcalde del cantón, que el suceso se produjo por el estado del acueducto.
En Montecristi no se han reportado novedades en torno al abastecimiento. Tampoco en Manta, aunque el suministro final a los hogares no es constante, debido a que la Empresa Pública de Aguas no tiene la capacidad suficiente para tratar toda el agua cruda que recibe, justificó Jorge Zambrano, alcalde del Municipio.
Gertrudis Pincay habita en la parroquia El Aromo por más de 30 años, en una vivienda de construcción mixta. Posee dos tanques de plástico con capacidad de 40 galones cada uno, ahí almacena el agua cruda que compra a USD 1 (por tanque), cuando el Municipio recorta la dotación del líquido vital.