Tal como en las películas de Hollywood, la oficina del Directorio de una de las entidades financieras del país luce intimidante: limpia, limpísima, con asientos de cuero que hacen juego con las paredes de madera y la sensación de que allí se viven jornadas de tensión.
Más aún en estos últimos meses, en los cuales los directorios de varias instituciones financieras han tenido que ajustarse a la obligatoriedad constitucional de que sus miembros, que poseían más del 6% de acciones y mantenían otras actividades ajenas al giro del negocio, debían tomar una decisión: vender su participación en el banco o dedicarse a tiempo completo a esta actividad y abandonar sus operaciones personales.
Para el Gobierno, la prohibición de que los accionistas y directores de entidades del sistema financiero puedan tener directa o indirectamente inversiones o acciones en instituciones con otras actividades económicas o giro de negocio, tiene como meta evitar el conflicto de intereses.
La Junta Bancaria impuso como plazo para esa transacción, un año, desde el 12 de julio del 2011 hasta el 12 de julio del 2012. En ese entonces, el presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, César Robalino, alertaba que esta normativa alejaría al empresariado de las actividades de dirección de los bancos.
Y esa profecía se cumplió, en parte de algunos de los 26 bancos privados del Ecuador. Aunque el hermetismo ha sido la tónica en torno a este tema, dos altos ejecutivos contaron sus vivencias, pero pidieron la reserva de su nombre.
El primero cuenta que cuando la norma estaba en debate, se trató de que sea aplicada para los directores con más del 25% de acciones. Algo que no cuajó.
“Como no prosperó la propuesta, nuestro Directorio se reunió para saber cuál sería la decisión de cada uno de los miembros. No era muy difícil determinar lo que pasaría: tres de ellos decidieron alejarse. Fue muy triste porque, además de haber estado con nosotros muchos años, sus aportes eran muy importantes, ya que operan en un mundo de negocios. Nuestros nuevos directores son personas muy capaces e inteligentes, pero no tienen el ‘expertice’ que da la actividad empresarial. De todas maneras, eso no debilita un centímetro a nuestro banco”.
El otro ejecutivo también narra una vivencia similar. “Perdimos dos directores en nuestra columna vertebral. Y tuvimos que buscar personas que quieran involucrarse con la dinámica bancaria. Encontramos muy buenos candidatos en la cátedra y en la consultoría. Conocemos que bancos amigos también hicieron lo mismo, incluso buscando entre algunas personas jubiladas”.
Pero no todas las instituciones financieras tuvieron que retocar sus directorios. Tanto el Banco de Guayaquil como el Banco ProCredit no tocaron sus nóminas. Según Pedro Arriola, gerente General de este último banco, “en nuestro caso, como no teníamos ningún caso de vinculación, no realizamos cambio alguno”.
Lo mismo señaló el Guayaquil, cuyos ejecutivos explicaron que ninguno de los miembros de su Directorio entraba dentro de la obligatoriedad a cumplirse.
Por su lado, las mutualistas viven en incertidumbre y sus directorios funcionarán incompletos por al menos tres meses. La razón es que ahora deben operar bajo un nuevo reglamento, emitido recién el 6 de julio, pero los estatutos se demorarán mínimo 90 días en consolidarse. Mario Burbano de Lara, representante de las mutualistas, afirma que “varios directores renunciaron para cumplir con la normativa de la Junta Bancaria y no han sido reemplazados. Ahora, varias mutualistas deberán funcionar durante estos días con directorios incompletos”.
En el caso de las cooperativas, no se han replicado casos de cambios en los directorios debido a que no hay concentración de acciones. Así lo advierte Marín Bautista, de Financop, quien resalta que esta entidad agrupa a representantes de alrededor de 110 cooperativas de ahorro y crédito de primer piso. “Por esta razón, sus aportaciones y participaciones dentro del capital social es bien dispersa, no hay concentración de acciones en las personas”.
Lo que se viene…
Hoy a las 24:00 vence el plazo para que las instituciones financieras vendan sus acciones o participaciones si mantienen actividades ajenas al giro del negocio. En caso de no hacerlo, el Estado se incautará inmediatamente de estas acciones y podrá venderlas al mejor postor.
Una opción que tenían los accionistas, directores y entidades financieras era colocar todas estas participaciones dentro de fideicomisos. Estos estarán administrados por la Corporación Financiera Nacional (CFN), que se encargará de venderlos hasta enero del próximo año.
La Superintendencia de Bancos presentó la calificación de riesgo de las entidades financieras, que es la capacidad que tienen para administrar los riesgos con terceros y la solvencia que tienen. Esta información está en https://bit.ly/N4tojX
La repatriación de los recursos de la banca se está barajando en el Gobierno. Las autoridades han señalado que se obligaría a repatriar alrededor de USD 2 700 millones de la banca privada.