En el allanamiento a la Acería china Xinlong S.A se realizó el pasado 27 de diciembre del 2018. Foto: archivo / EL COMERCIO
Ocho días duraron las medidas cautelares temporales a favor de la acería de capitales chinos Xinlong que un juez otorgó a su favor. La empresa ubicada en Milagro (Guayas) presentó una Acción de Protección en contra del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).
Las medidas contemplaban el retiro de los sellos de intervención a la maquinaria de la empresa fabricante de acero y la salida de la vigilancia de los dos agentes aduaneros, en las afueras del predio. Estas fueron aprobadas por el juez de garantías penales Aquiles Dávila, el 16 de febrero pasado. Pero, en la audiencia pública y oral de hoy, 25 de febrero de 2019, se resolvió rechazar la Acción de Protección Constitucional solicitada por la acería.
La audiencia se realizó en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil. La fábrica fue allanada y clausurada el 27 de diciembre del 2018 por presunta defraudación aduanera y tributaria, lavado de activos, precarización laboral, asociación ilícita. Y según el Gobierno, tiene vinculaciones con actos de corrupción de ‘Glas-Topis y Rivera’.
Una vez notificada la decisión judicial la acería tiene 72 horas para apelar. Curro Samaniego, abogado patrocinador de la fábrica de acero, dijo a este Diario que analizarán una nueva acción legal. Justificó esta demanda asegurando que se vulneró la seguridad jurídica y hubo falta de motivación en la resolución DDG-2019-0043-RE de la Senae, del 6 de febrero pasado. En esa fecha se cambiaron los sellos de clausura por los de intervención.
El abogado Wilson Zamora González acudió a la audiencia por parte de la Procuraduría del Estado y mencionó que no se ha atentado contra la seguridad jurídica, como argumenta la acería.
“Acusan a Senae de no actuar con norma y sustentamos que sí se hizo, a través del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (Copci) y su reglamento”, concluyó.
El caso de la acería se hizo público el 8 de enero pasado, tras una denuncia pública y en conjunto entre Senae, Presidencia y Ministerio de Trabajo. A la empresa se la investiga por defraudación aduanera y presunto lavado de activos.
Senae y la Secretaría Anticorrupción había anunciado una queja en contra del juez que inicialmente otorgó las medidas cautelares a la acería. Pero esta tarde, Anticorrupción mencionó que valora “la actitud de jueces honestos y el rol del Consejo de la Judicatura. Exhortamos a todo el sistema de administración de justicia a tramitar los casos de lavado de activos y defraudación aduanera con la celeridad y atención que merecen”.