90 días de pausa obligada para fiscal

La reapertura del caso de la hacienda Santa Isabel que el Gobierno vinculó con el extinto Banco de Préstamos devino en la suspensión del fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, por 90 días.

En enero pasado, el fiscal general, Galo Chiriboga, remitió una queja al Consejo de la Judicatura Transitorio en la cual expuso que Freire reabrió una indagación sin motivación legal, en el caso de la hacienda Santa Isabel , archivado en el 2010.

Según María Fernanda Peñafiel, hermana de Alejandro Peñafiel (ex propietario del Banco de Préstamos), la hacienda pertenecía a su madre y no tenía relación con el banco.

Pero el titular de la Unidad de Gestión de Derecho Público (ex AGD), Pedro Delgado, sostuvo que era del Banco de Préstamos y debía incautarse.

Hace dos años, la hacienda fue entregada a su administrador, Carlos Arnao, bajo la figura de “prescripción extraordinaria de dominio” por el Juez Edwin Argotti. Eso motivó a que Delgado pidiera en el 2011 otra investigación al argumentar que Arnao y María Fernanda Peñafiel se unieron para quedarse con el bien.

En el año que demoró la indagación no se encontró sustento para reabrir el caso —según la queja de Chiriboga— y pese a ello, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, lo hizo. En consecuencia, esta semana fue suspendido por 90 días, con sueldo. Y Delgado, en una rueda de prensa de cinco minutos, pidió al Consejo de la Judicatura investigue el tema.

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