Los rumores de pasillo se hicieron realidad. 628 funcionarios de las diferentes gerencias y unidades de Petroecuador fueron suspendidos ayer por presunto conflicto de intereses y uso de información privilegiada en la conformación de una empresa comercializadora de combustibles.Este grupo de trabajadores tiene participación accionarial dentro de la compañía Gasolinas y Petróleos SA (Gaspetsa) que, en febrero del 2005, firmó un contrato con Petroecuador de manera directa y sin licitación para la elaboración, almacenamiento y despacho de combustible para pesca artesanal en Esmeraldas, por un período de 10 años.
Esta acción contraviene directamente tres normativas. El artículo 31 de la Ley de Empresas Públicas prohíbe a los servidores de carrera y obreros de empresas públicas “intervenir, emitir informales, gestionar, tramitar o suscribir convenios y contratos con la empresa pública (donde laboran) y obtener un beneficio que implique privilegios para sí mismos”.
En segundo lugar, la acción se fue contra los reglamentos internos de la empresa. En estas normativas y sus actualizaciones, desde el 2001 hasta la fecha queda prohibida la contratación directa o a través de terceros de obras, bienes o servicios requeridos por la empresa.
Según el Secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, Gaspetsa habría comercializado desde el 2005 alrededor de 12 millones de galones de combustibles al año generando ventas por USD 3 millones en ese período .
Con las utilidades de la compañía se estaría construyendo el hotel Quinta San Gregorio, en Esmeraldas, producto de esta actividad presuntamente ilícita.
De hecho, una publicidad de Gaspetsa se entregaba libremente a los empleados de Petroecuador promocionando la venta de acciones de la empresa.
Según Roldán, la intermediación en la venta de combustibles que ejercía Gaspetsa para la pesca artesanal no tenía motivación, ya que Petroecuador distribuye este tipo de hidrocarburos en el país sin intermediación.
La Secretaría de Transparencia argumentó también que la mayoría de los funcionarios involucrados no incluyeron en su declaración patrimonial las acciones que tenían en la empresa, siendo este un delito contra la fe pública, castigado entre nueve y 12 años.
De acuerdo con el gerente de Petroecuador, vicealmirante (sp) Manuel Zapater, este tipo de ilícitos se sancionan con la salida de los funcionarios sin derecho a la indemnización.
Desmintió la versión de la renuncia de los titulares de las gerencias de Producción (antes Petroproducción), Comercialización (antes Petrocomercial ) y Refinación e indicó que están confirmados en sus cargos.
Ayer fueron enviadas al Ministerio de Relaciones Laborales el pedido de visto bueno para los 628 funcionarios y la resolución de su suspensión.
Los trabajadores permanecerán fuera de sus cargos hasta que las autoridades laborales resuelvan en un tiempo de 30 días, qué tipo de relación tuvieron con los presuntos ilícitos y si ello motiva su salida de la empresa pública.
Durante este tiempo, los empleados podrán presentar los descargos correspondientes para determinar su nivel de participación en la empresa.
Ayer, las oficinas administrativas de Petroecuador en Quito fueron custodiadas por efectivos de la Policía mientras los empleados notificados salían sorprendidos y llevando algunos objetos que tenían en sus escritorios.
Roldán confirmó que las instalaciones de Petroecuador en todo el país se encuentran militarizadas, como medida de seguridad para sostener las producción de crudo mientras se completa el proceso con los empleados involucrados (ver compartida).
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, manifestó su estupor al conocer sobre la denuncia pero insistió en que los trabajadores tendrán el debido proceso.
Roldán entregó la información de su investigación al procurador, Diego García; al fiscal, Washington Pesantez, y al contralor, Carlos Pólit, para que investiguen el caso y determinen y sanciones, de darse el caso.
El represente del Comité de Empresa de Petroecuador, John Plaza, indicó que una sola firma de abogados representará a los trabajadores involucrados en el caso. Rechazó la suspensión de los 628 empleados y advirtió que se preparan denuncias contra el Estado por las acusaciones que calificó de infundadas. No se descartan paralizaciones.