23 de October de 2011 00:06

225 días de retraso en contrato de Shi-Asia

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Petroecuador llevó a cabo una serie de modificaciones al contrato firmado con el consorcio Shi-Asia Monteverde, para la construcción del sistema de transporte y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) para el sur del país.

La entrega del proyecto se extenderá por 225 días (siete meses y medio) y tendrá un incremento de USD 4 millones.

La obra implica transportar gas doméstico desde la zona de Monteverde, en Santa Elena, mediante un gasoducto de 120 kilómetros hasta la zona de El Chorrillo, a 15 minutos de Guayaquil.

Este proyecto empata directamente con el almacenamiento de gas en tierra, que construye la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) también en Monteverde.

Ambas infraestructuras buscan reemplazar el sistema de buques flotantes y alijadores para la pro-visión de gas importado, que al Gobierno le cuesta alrededor de USD 5 millones mensuales.

Además de la construcción del gasoducto, Petroecuador tenía a cargo la instalación de dos plantas de envasado de GLP. La primera de 1100 toneladas diarias, ubicada en El Chorrillo, para abastecer el consumo de Guayas, El Oro, Azuay y Loja. Y la segunda, una planta menor para el despacho de gas en Santa Elena y Manabí.

Para la ejecución de toda la obra, la petrolera estatal realizó una polémica licitación pública en el 2009, que fue adjudicada al consorcio Shi-Asia & Asociados.

Antes de firmar el contrato, la administración naval de Petrocomercial dio marcha atrás, debido a la vinculación entre Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario, y la empresa Oildepot, una de los accionistas del consorcio chino.

No obstante, y pese a que Shi-Asia había declinado el contrato, en marzo del 2010 Petroecuador realizó un nuevo concurso. Y volvió a adjudicar la obra al ahora consorcio Shi-Asia, que se asoció con Monteverde, en lugar de Oildepot. Aunque mantenía al mismo representante legal, Fabricio López, quien a su vez os-tentaba este cargo en el consorcio Shi-Asia & Asociados.

La veeduría ciudadana que auditó los contratos suscritos entre el Estado y empresas vinculadas con Fabricio Correa cuestionó el convenio por supuestas ilegalidades. Pero ello no detuvo el contrato ni tampoco originó el cambio del perfil de la firma como proveedor habilitado del Estado.

En varias ocasiones, el consorcio Shi-Asia-Monteverde aseguró a la veeduría y a los medios de comunicación que no tenía ningún vínculo comercial ni profesional con Fabricio Correa.

Ello, pese a que previamente firmó un compromiso notarizado de asociación con Helptec (de propiedad del hermano del Presidente) en caso de ganar un concurso de Flopec, para el mismo proyecto. Lo cual no se concretó.

En medio de estos antecedentes, las obras que realiza Shi-Asia- Monteverde para Petroecuador han sufrido sucesivos retrasos. El contrato suscrito entre la estatal y el consorcio establecía un plazo de 540 días para la entrega de la obra. Es decir, que esta debería recibirse máximo el próximo mes. Sin embargo, solo tiene un avance global del 41,39%.

El gerente de Almacenamiento y Transporte de Petroecuador, Marcelo Proaño, indicó que se extendió el contrato con Shi-Asia por 225 días (siete meses y medio), no solo por incumplimientos del consorcio sino también por la falta de entrega de recursos por parte de la petrolera estatal.

El precio inicial de USD 115 millones se incrementó en cerca de USD 4 millones, debido a modificaciones en las obras de ingeniería civil. “Tuvimos que hacer un rediseño para facilitar el drenaje del agua, porque estamos trabajando en una zona agrícola propensa a inundaciones”.

Sobre la imposición de multas y sanciones por el incumplimiento de la contratista, Proaño indicó que aún están en determinación.

Con todo, el proyecto prevé entregarse el 25 de agosto del 2012. Es decir, dos meses después de la obra de almacenamiento de gas en tierra que realiza Flopec, que también tiene retrasos.

La postergación de ambas obras representará para el Ecuador, al menos, seis meses de retraso, que mientras tanto deberá mantener el almacenamiento de gas flotante en las barcazas.

Es decir que por la contratación de esta obra y sus postergaciones, el Estado tendrá pérdidas de, al menos, USD 30 millones.

La batalla legal está en etapa de prueba
 
Redacción Guayaquil

La supuesta vinculación de Fabricio Correa con contratos de obras públicas trajo una larga cola jurídica.

A raíz de la terminación unilateral de contratos comenzó la pelea judicial: las empresas Cosurca, Megamaq, y los consorcios Amazónico y  Puentes y Vías sostienen que la medida fue ilegal y reclaman el pago de indemnizaciones.

El 21 de julio del 2009 el Gobierno    anunció la terminación unilateral de seis contratos,  que en total sumaban  USD 73 millones. Pero actualmente se tramitan  cuatro demandas contencioso administrativas en Loja (3) y en Quito (1). Las firmas  exigen    USD 45,2 millones como  reparación, pese a que  los cuatro contratos llegan a USD 57,1 millones.

En los procesos solicitan que se declare la ilegalidad del acto administrativo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP),  que resolvió la terminación unilateral; que se dictamine que el Ministerio incurrió en incumplimiento contractual. Además, que el Estado o los funcionarios  responsables   paguen la indemnización. 

El 16 de septiembre del 2009, Cosurca presentó una demanda por el contrato de rehabilitación de la vía Alamor-Empalme-Celica (Loja),  que costaba USD 11,5 millones, y el monto de indemnización de USD 8 millones. La misma empresa comenzó otra causa por el contrato de rehabilitación de la vía Alamor-Lalamor-Zapotillo por un monto de USD 29,1 millones, y pide una indemnización de USD 20 millones.

Las dos demandas restantes son  del Consorcio Amazónico, que reclama una reparación de  USD 16 millones, aunque el costo del contrato fue de 15,4 millones;  y del Consorcio Puentes y Vías, por USD 1,2millones; el convenio fue  de 1,1 millones.

Goberna Consultores, de Joffre Campaña,  patrocina las demandas. El abogado Felipe Cabezas-Klaere,  encargado de los procesos,  sostiene que hasta ahora el Estado demostró que Fabricio Correa tiene  vinculación con las empresas contratistas. Dijo que el representante legal de Cosurca y Megamaq es Máximo Villavicencio Villavicencio.

“No existe prohibición alguna para terminar unilateralmente los contratos. La ley, en el supuesto no consentido de que Fabricio Correa sea accionista de una de las compañías, no le prohíbe ser accionista o socio de una empresa que contrate con el Estado”.  

Actualmente los procesos están en período de prueba.   En uno de los juicios,  Fabricio Correa respondió 42 preguntas. Entre otras cosas, sostuvo que  es “absolutamente falso” que haya   organizado un tinglado de compañías panameñas para burlar la Ley de Contratación Pública.

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