La empresa incautada Maxigraf SA separó, este jueves, a un grupo de trabajadores de la planta ubicada en Durán (Guayas), sin derecho al pago de indemnizaciones.
Las notificaciones fueron dirigidas a 19 personas que colaboraban en los departamentos de Calidad, Preprensa y Limpieza. En los documentos consta la firma de Ana García, inspectora provincial de Trabajo del Guayas, del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).
Las notificaciones fueron sustentadas en base al numeral 2 del art. 172, del Código del Trabajo. Este permite el visto bueno “por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados”.
Según versión del presidente de Maxigraf, Fernando Arévalo, rendida en la Inspectoría de Trabajo, este grupo “sin razón legal alguna, había realizado actos para impedir que nuestros proveedores realicen su trabajo”.
Se refiere a hechos del pasado 12 de noviembre.
Ese día, Arévalo autorizó a la compañía Seginter SA la instalación de alarmas en la planta de Durán. Pero no pudieron hacerlo, porque los obreros de Maxigraf habían impedido su trabajo, según el testimonio escrito.
Uno de los trabajadores justificó esa reacción, debido a que estaban impagos desde el 30 de octubre. ¿Cómo es que tenían plata para contratar alarmas y no para pagarnos?, cuestionó la fuente.
Otro compañero aclaró que pese al malestar del momento, nadie agredió a los empleados de Seginter. Ayer acudieron a la Dirección de Trabajo, ubicada en av. Olmedo y Malecón, para presentar sus descargos.
Allí expusieron el caso de un trabajador que para el día de los incidentes no fue a laborar, porque tenía reposo médico. Mostraron un certificado médico.
Este lunes los trabajadores tienen previsto una audiencia de mediación. Temen otros vistos buenos para quienes participaron en la protesta del pasado 10 de octubre, cuando se tomaron la planta de Guayaquil, tras la renuncia de Robert Andrade, como administrador. Reclamaban estabilidad laboral.
Maxigraf fue incautada por el Estado por estar vinculada con los hermanos Isaías, ex accionistas de Filanbanco, el 4 de agosto de 2008. Para entonces, poseía el 40% del mercado de formas continuas (facturas, roles de pago, notas de crédito, sobres, etc.).
En manos del Estado, su participación cayó al 20% según un informe al 2009. Al momento, se teme su liquidación.