28 de October de 2011 15:18

105 funcionaros de la gobernación de Loja están fuera de sus cargos

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Paola García, funcionaria pública que labora nueve años como secretaria de la Comisaría de la Mujer, llegó ayer a las 07:50 para iniciar con sus labores normalmente. Al encender su computador se encontró con la sorpresa que no pudo ingresar a la información que manejaba desde su ordenador.

Similar situación le sucedió a Marcia Romero, secretaria general de la Gobernación de Loja. Otros funcionarios también se extrañaron el bloqueo de sus herramientas de trabajo.

Sin embargo a las 09:00, miembros de la Policía Nacional junto a funcionarios del Ministerio Relaciones Laborales ingresaron a cada uno de los despachos de los funcionarios, donde se les presentó una acción de personal notificándoles del cese de sus funciones. No se les entregó copia del documento.

Las lágrimas en los rostros no se pudieron contener. Irma Mora, funcionaria con 32 años de servicio, expresó su indignación por lo sucedido. "Me siento indignada señor presidente (Rafael Correa) nosotros confiamos en las propuestas que usted nos hizo. Nunca se nos evaluó por lo menos para saber si nuestro trabajo fue eficiente. Personalmente creo que mi trabajo fue y es bueno por eso estoy más de 30 años en esta dependencia", asevero.

En el documento, donde los 24 funcionarios notificados se negaron a firmar, indica "cesar sus funciones por compra de renuncia por indemnización a (nombre del funcionario) de conformidad a lo que establece la letra K del artículo 47 de la ley orgánica de Servicio Público LOSEP....determinado en el decreto ejecutivo 813 publicado el 12 de julio del 2011".

En el documento, que es una ficha de Acción de Personal, se registra la firma de la Gobernadora, Alicia Jaramillo; un responsable de la unidad de Administración de Talento Humano, que no se identifica, y un testigo contratado de la institución Franco Rodríguez. No obstante el escrito no tiene un sello que lo respalde, tampoco el número de acción y fecha que fue realizado.

El documento, que es una ficha de Acción de Personal se registra la firma de la Gobernadora, Alicia Jaramillo. No obstante el escrito no tiene un sello que lo respalde, tampoco el número de acción y fecha que fue realizado.

Los 24 funcionarios sorprendidos por la resolución solicitaron explicaciones a la gobernadora. Pero ella se negó a recibir a la comisión. La institución permaneció resguardada con más de 50 uniformados, cada uno se apostó a la entrada de cada oficina.

La disposición a Jaramillo, de no rendir declaraciones sobre el decreto 813 a los medios de comunicación, le llegó a las 19:12 del miércoles 27 de octubre. La orden fue dada por Oscar Bonilla, viceministro de Gobernabilidad, mediante un mail a las 23 gobernaciones del país.

La voz de los funcionaros se quebrantaba cuando pedían explicación. Sin embargo los funcionarios del Ministerio de Relaciones Labores se limitaron a leer la disposición, sin identificarse previamente.

Ante la desesperación de los empleados solicitaron respaldo al secretario general de Alianza PAIS y prefecto de Loja, Rubén Bustamante. Una delegación, presidida por Cosme Ordóñez, presidente de los empleados, se reunieron en su despacho a las 11:40.

Bustamante ofreció indagar porque se da el despido masivo en la Gobernación.

Mientras tanto Nivea Vélez, asambleísta por Loja, dijo a los medios que son 140 los funcionarios de la provincia despedidos que dependen de la Gobernación. Además las mismas acciones de personal se entregó en: Registro Civil. Ministerio de Salud Pública, hospital Isidro Ayora, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Corte de Justicia.

Pasadas las 14:20, Jaramillo, mediante una rueda de prensa informaba que lo realizado en su dependencia era legal. Además dijo que son 105 los funcionarios cesados en sus funciones de la dependencia que ella representa.

Asimismo dijo que se evaluará a los nuevos funcionarios que ocupen estas 105 vacantes considerando su nivel de formación. Además anunció que las indemnizaciones estaban depositadas en las cuentas de los aludidos desde primeras horas de la mañana de ayer.

Esta versión fue desmentida por Janeth Pardo, tesorera de la Gobernación. "No hay dinero en las cuentas de ninguno de los funcionarios a quienes nos obligaron a renunciar". Esta versión la corroboró Oscar Silva, secretario por siete años de tenencia política de Saraguro.

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