Ecuagran emitió facturas comerciales mientras estuvo intervenida en el 2019. La firma cayó este año en ‘default’. Foto: archivo / EL COMERCIO
Las facturas comerciales negociables (FCN) son el instrumento bursátil más joven en el mercado de valores nacional. La primera transacción con este tipo de papel se hizo en 2014; se transaron USD 8 420, según registros de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ).
Y desde entonces ha sido uno de los mecanismos con mayor crecimiento en bolsa, aunque todavía representa un porcentaje pequeño en relación a todo lo que se transa.
En el 2019 se negociaron FCN por USD 377, 5 millones; esto es, el 3,2% de todo lo que movió el mercado.
Pero este año, el incremento se vio empañado por noticias de ‘default’ o moratoria. De los USD 234 millones negociados con este tipo de papel entre enero y septiembre de este año, el 13%; esto es USD 31 millones, está en ‘default’, según datos de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG).
La BVG no detalló a qué empresas corresponden los montos vencidos y a la BVQ no se le ha notificado estos hechos relevantes. Lo que se conoce, por datos proporcionados por la ‘Súper’ de Compañías, es que USD 26 millones corresponden a facturas vencidas emitidas por Delcorp. Uno de los inversionistas perjudicados fue el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), que compró USD 22 millones en facturas emitidas por esta firma del sector agrícola.
Otros USD 4 millones corresponden a facturas vencidas de la empresa Casa Moeller Martínez. Ayer, en una rueda de prensa, la empresa aclaró que los papeles no se han podido pagar por problemas de liquidez que enfrenta la empresa. Casa Moeller Martínez negoció USD 10 millones en facturas, de los cuales, USD 6 se pagaron a tiempo. Las facturas las emitió a una empresa también relacionada con el grupo, Crisol Comercial.
El inversionista que compró estos papeles también es el Isspol.
Casa Moeller Martínez dijo que desde noviembre pasado ha intentado acordar un plan de pagos con el Isspol, sin obtener respuesta.
El mecanismo consiste en vender en el mercado de valores el derecho de cobro de una factura. Por ejemplo, la empresa E (emisora) vende a la empresa A (aceptante) mercadería por USD 20 000. La empresa A se compromete a pagarla en un plazo de tres meses.
Pero debido a que la empresa E requiere el efectivo de inmediato, decide ir al mercado de valores para ofrecer esa factura a un inversionista. El inversionista compra la factura a cambio de una tasa de interés y la empresa E recibe de inmediato el dinero. Cuando se cumple el plazo de tres meses, la empresa A paga al inversionista el monto de la factura.
El debate sobre el uso del mecanismo en los últimos dos meses se ha centrado en que Delcorp y otra firma vinculada al mismo grupo, Ecuagran, habrían estado transando en el mercado bursátil -desde antes de caer en ‘default’- con facturas de ventas entre sí que no eran reales. El exintendente de Valores, Carlos Murillo, dijo que las firmas presentaron estados financieros con datos que no eran reales y responsabilizó al auditor de esto.
El exfuncionario dio esa respuesta, pese a que en el 2019 el organismo de control ya tenía indicios de que las facturas no se sostenían en ventas reales y, pese a eso, no generó alertas al mercado o a la Fiscalía.
Actualmente, las dos firmas están intervenidas. Hay una tercera, Fertisolubles, que también pertenece al mismo grupo empresarial y que ha participado como aceptante de facturas de Delcorp. Sin embargo, no está intervenida.
Santiago Cornejo, analista del mercado de valores, explica que normalmente las facturas sí solían registrar atrasos en los pagos en años anteriores, “es normal, todo papel tiene riesgos”, pero el mercado no ha conocido eventos de ‘default’ de millones, como en este año con estas empresas.
Cornejo señala que debido a que las facturas comerciales no necesitan una calificación de riesgo, como sí ocurre con otros papeles en bolsa, es necesario que se fortalezca la participación de los auditores externos que revisan los estados financieros de las empresas.
En diciembre pasado la Junta de Regulación Monetaria implementó una disposición para que las casas de valores que actúan como intermediarias en las ventas, comprueben que las facturas que se negocian se sustenten en ventas reales.
Además, la Junta puso un candado para que las empresas vinculadas no puedan negociar facturas por más del 50% de las ventas del año anterior.
El exintendente de Valores dijo que la entidad estaba analizando prohibir que las empresas relacionadas o vinculadas puedan seguir negociando facturas, para evitar estos problemas.
Esta medida podría mermar el monto de las transacciones de facturas en bolsa. Casi el 70% del monto de facturas negociadas en el 2018 correspondió a papeles emitidos entre empresas relacionadas y alrededor del 80% de lo transado en el 2019, según datos de Vialogic, una empresa que da servicios de verificación y control de cupos de endeudamiento.
María Barahona, representante de Vialogic, considera que no se debería limitar que firmas relacionadas usen el mecanismo, pues hay grupos con negocios complementarios que hacen ventas reales entre sí en el marco de la ley.
La autoridad, añadió Barahona, debe es supervisar aspectos básicos en las negociaciones de firmas vinculadas.
Vialogic analiza para sus clientes, por ejemplo, las fechas entre las cuales se emiten las facturas entre emisor y aceptante; si las dos empresas tienen giros de negocio en los que se puede dar una transacción real y también analiza los plazos a los que se emite el papel en la bolsa.
Otro tema que observan es si la misma casa de valores actúa de compradora y vendedora del papel. “Todo eso es un insumo para que el inversionista tome una mejor decisión”, dijo.
En el 2018 su empresa halló facturas en las que dos compañías relacionadas negociaban facturas por ventas de montos altos que se habían dado en pocos días. Las facturas totalizaban un valor que era casi el 80% de los costos y gastos de la empresa que debe responder por la factura.
En otro caso, encontró una venta que se había dado en un solo día, por un valor que equivalía a ocho veces los gastos de la empresa aceptante. Además, la aceptante había sido constituida hace dos meses. También han despertado alertas facturas de 360 días de plazo. “No es común que una empresa emita facturas a cobrarse en un año, sino solo a 90 días”.
En contexto
La negociación de facturas comerciales en el mercado de valores empezó en el 2014. No requieren autorización de la Superintendencia de Bancos. La Junta de Regulación Monetaria impuso reglas mas exigentes para estos papeles recién el año pasado.
