Navidad a oscuras
Tal como van las cosas, es bastante probable que el país tenga que celebrar la Navidad y el Año Nuevo a oscuras. No solo que no llueve en la cuenca del Paute, sino que el aparato estatal que maneja el sistema eléctrico ecuatoriano parece no entender que se requieren medidas rápidas y eficaces para eliminar cuando antes los racionamientos.
Recién ahora se están haciendo gestiones para comprar e instalar centrales térmicas a gas. Esto debió hacerse al menos seis meses antes de que se produjeran los cortes de luz. Una maquinaria como aquella puede entrar a operar recién en 60 o 90 días, un período demasiado oneroso en términos de molestias y pérdidas económicas para el país.
Otro dato curioso -por decirlo de alguna manera- que evidencia la pasividad de una parte de los ejecutivos que manejan las empresas eléctricas públicas es que hayan salido de viaje a un seminario en Europa, justo en estos días, cuando arrecian los problemas de escasez de energía. Como es obvio, la ausencia de aquellos ejecutivos entorpece las gestiones necesarias para aminorar los efectos de la crisis energética porque sus subalternos no tienen la misma capacidad de decisión que sus jefes ausentes.
Las dos únicas medidas relevantes que se han tomado hasta el momento son responsabilidad del sector privado y del sector eléctrico peruano. En efecto, este fin de semana se tiene previsto concretar la importación de 50 megavatios provenientes del norte del Perú.
Cerca de 200 megavatios adicionales entrarán en operación gracias a dos barcazas instaladas por empresas privadas, cuya energía podrá atender a Guayaquil que, a pesar de ser la ciudad más populosa y el centro productivo y comercial más importante del país, ha sufrido cortes de energía de hasta ocho horas diarias. Por algunos años, este parque térmico ha permanecido inutilizado. Con el aporte energético de las barcazas y del sector eléctrico peruano es previsible que los racionamientos se reduzcan a la mitad. Queda, sin embargo, un saldo de hasta 300 megavatios de potencia por cubrir para que los racionamientos desaparezcan completamente.
Si el Gobierno mostrara una mayor voluntad de trabajar con el sector privado habría la posibilidad de apresurar las soluciones a la actual crisis energética. En innumerables ocasiones se ha visto que la empresa privada puede reaccionar con mayor agilidad que el sector público, debido a que sus prácticas administrativas son mucho más eficientes. Esto no quiere decir que el Estado deje de regular o supervisar todo el proceso, pero sí dar un espacio a que otros participantes contribuyan a terminar un episodio que va a dejar graves secuelas económicas sobre un país que ya está en recesión.