Representantes de municipios y prefecturas del país esperan reunirse el 15 de julio del 2020 con el presidente Lenín Moreno. Foto: Flickr/ Presidencia de la República del Ecuador.
Para el próximo 15 de julio los representantes de los 221 municipios del país esperan reunirse con el presidente de la República, Lenín Moreno, para tratar la deuda pendiente que el Gobierno Nacional tiene con estos gobiernos locales.
Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), indicó, durante la sesión No. 26 de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, que la deuda actual suma los USD 988 millones. De esa cantidad, recordó, solo se les transfirieron USD 83 en esta semana.
“Muchos de los municipios estamos más de cuatro meses ya sin pagos que no permiten salir con la planificación normal que tenemos los municipios en el país. En realidad es insostenible. Muchos de los alcaldes no sabemos cómo enfrentar el tema laboral, sobre todo para los trabajadores, no hay pagos”, señaló Delgado.
Héctor Yépez, presidente de esta Comisión, indicó que hace aproximadamente un mes ya hubo una reunión en este órgano legislativo en la que se trató esta deuda pendiente con el ministro de Finanzas, Richard Martínez. “Tuvimos una sesión con el Ministro de Finanzas. Ante esta Comisión hubo un compromiso. No hemos llamado al Ministro porque para escuchar los compromisos incumplidos estaría de más”.
Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope) se refirió a las transferencias que la Cartera de Finanzas ya hizo a los gobiernos locales, las mismas que fueron calificadas como insuficientes.
“Fue alentador escuchar de un desembolso que se realizaría en el mes de junio. Había la disposición de asignar entre USD 150 y 200 millones. Pero debemos entender que cuando se dice hemos transferido USD 130 millones a los GAD, la primera idea es que están forrados de plata los GAD. Pero somos más de 800 juntas parroquiales, 221 municipios y 23 prefecturas”, indicó Jurado.
De esos USD 130 millones, dijo Jurado, a Imbabura le llegó USD 1 millón, cuando el promedio mensual que le corresponde a esa provincia es cerca de USD 2 millones. “Nos deben el 60% de marzo, el 100% de abril, mayo y junio”.
Delgado explicó que solo los montos de equidad territorial son USD 542 millones, más casi USD 300 por devolución del IVA, USD 18.9 millones por la competencia de Patrimonio y USD 98 millones por la Ley Amazónica. Estos valores suman los USD 988 millones, de los cuáles han sido transferidos USD 83 millones, correspondiente al mes de abril.
Jurado dijo que entre otros prefectos de provincias como Manabí y El Oro se analizarán nuevas medidas legales para exigir al Gobierno Nacional el pago de estos montos pendientes, como un pedido de acción de protección.
“Es una deuda impagable. Con seguridad, la deuda la heredará el próximo Gobierno. Estamos conscientes que la deuda no es de hoy. Este problema empezó a darse desde septiembre del 2015” indicó Jurado. “Solo estamos pidiendo un reordenamiento de las finanzas, ni siquiera estamos pidiendo más plata, solo que nos paguen lo que nos corresponde”.
René Lucero, director ejecutivo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare) también habló en esta sesión y apoyó la postura de la AME y el Congope con respecto al pedido de pago inmediato de la deuda. “Los gobiernos parroquiales somos 821. Al año tenemos un monto aproximado de USD 179 millones que debemos percibir y no somos la excepción del retraso a las asignaciones”. El caso de estos niveles de gobierno, dijo Lucero, es más grave porque dependen solo de estos ingresos.
Lucero informó que recibieron recientemente USD 15 millones que debió dividirse entre todas las parroquias. “Hay juntas que reciben USD 11 000 o USD 9 000. Significa casi nada. Ni pensar que ese monto nos va a servir para cumplir con obras“. La deuda por casi dos meses a estas parroquias, agregó, supera los USD 40 millones.
El presidente de esta Comisión dijo que debería analizarse una demanda en conjunto -con municipios, prefecturas y parroquias-, para exigir “judicialmente” que se cumplan los pagos con todos lo niveles de gobierno.