Municipio de Quito abre procesos administrativos a transportistas, por el paro

Un proceso administrativo se iniciará en contra de los transportistas que paralizaron el servicio el 3 y 4 de octubre de 2019. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Un proceso administrativo se iniciará en contra de los transportistas que paralizaron el servicio el 3 y 4 de octubre de 2019. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Un proceso administrativo se iniciará en contra de los transportistas que paralizaron el servicio el 3 y 4 de octubre de 2019. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Todas las operadoras que brindan el servicio de transporte
en Quito tendrán que justificar su accionar durante el paro nacional que se vivió en Quito, entre el 3 y el 13 de Octubre.

Este martes 22 de octubre del 2019, el secretario de Movilidad,Guillermo Abad, entregó la primera notificación a Ney Jiménez, gerente del Consorcio Corredor Central Norte, en la estación de La Ofelia, sobre el inicio de un proceso administrativo que analizará la paralización del transporte del 3 y 4 de octubre y también los cobros de 35 centavos en la tarifa urbana antes de que la Agencia Nacional de Tránsito lo dispusiera, mientras estuvo vigente el retiro del subsidio al diésel.

El Corredor dirigido por Jiménez es parte del transporte troncalizado que hay en la ciudad y llega desde La Ofelia hasta La Marín cuenta con siete operadoras y 161 unidades.

Simultáneamente, otro equipo de la Secretaría entregó el documento al Consorcio Corredor Sur Occidental, que reúne a ocho operadoras que trabajan con 294 unidades.

Según Abad, esta semana continuarán las notificaciones para otros servicios como el Corredor Sur Oriental y las demás empresas que brindan servicio de transporte convencional en los barrios de Quito, que suman más de 210 operadoras.

Tras la notificación, el proceso administrativo continúa con una investigación y un periodo en que ambas partes presentarán pruebas y descargos. Finalmente se definirán las sanciones que pueden ir desde multas hasta la revocatoria de los contratos de operación. Si se aplica esta última sanción, el Municipio podría abrir una nueva licitación para que nuevas empresas presten servicios como los de los corredores.

Abad adelantó que se tiene información de que hubo operadoras
que se organizaron para boicotear el trabajo de otras que sí querían trabajar durante el paro que duró 11 días, y en la fase de pruebas se definirá cuáles empresas incurrieron en esas prácticas.

Jiménez señaló que revisarán el documento y luego presentarán
las pruebas, pero aseguró que el Corredor Central Norte no paralizó su servicio totalmente. No obstante, dijo que solo se detuvo el servicio cuando hubo cierre de vías o riesgos para la seguridad de los usuarios y trabajadores.

Aceptó que en ese corredor se cobró a 35 centavos el pasaje, pero señaló que hubo personal del corredor que lo hizo debido a la confusión sobre la primera resolución de la ANT. En ella, la autoridad nacional puso un techo de alza en los pasajes de 10 centavos y dejó a cada municipio la decisión de la tarifa final. Dos días después, emitió una nueva resolución amparada en el Cootad, por la que asumía temporalmente las competencias en cuanto a transporte en el marco del estado de excepción que decretó el presidente Lenín Moreno en el país.

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