El partido Voluntad Popular difundió un comunicado en el que condicionó cualquier posibilidad de diálogo a la liberación inmediata de inmediata de Leopoldo López, Iván Simonovis y todos los presos políticos, así como el cese de la represión y la criminalización de la protesta.
“Como venezolanos creyentes de la paz, y comprometidos con la libertad y la democracia, consideramos que el diálogo entre los venezolanos se debe dar, pero para que el diálogo sea posible y no sea otro engaño, debe producir no solo con respeto y reconocimiento del otro, sino que debe darse en condiciones que demuestren la voluntad de quien detenta el poder y es causante de la actual crisis.
Hoy en Venezuela para que un diálogo sea posible, debemos comenzar con depurar las instituciones fundamentales del Estado; pues si no es así, ¿cómo podrían garantizarse sus resultados”, consideraron en un documento remitido a los medios de comunicación.
Otros puntos que exige la bandera naranja para concebir cualquier conversación con el gobierno es el enjuiciamiento de los responsables de las “muertes, torturas y desapariciones forzosas en los últimos días del país”, así como la renuncia del ministro de Relaciones Interiores y la reconstitución de los Poderes Públicos vencidos, cuya elección de funcionarios se haga de forma “independiente” y se escojan “de una terna que se defina de muto acuerdo entre la alternativa democrática y el gobierno, en un plazo no mayor de 30 días”, precisan.
“Incluimos también la designación de un nuevo fiscal general de la República, quien ha sido la principal responsable de la profunda impunidad que impera en Venezuela”, añaden.
Sostienen además que es indispensable el desarme “inmediato” de los grupos paramilitares que “están generando terror y muerte a la población“, al tiempo que piden “que caiga todo el peso de la ley sobre las personas y sobre las organizaciones que de un modo u otro han colaborado con este proceso de violación de los Derechos Humanos”.
En el documento, figura también como petición de la tolda política el cese a las restricciones de “la libertad de expresión e información, así como independencia de la red los medios públicos”.