Integrantes de la plataforma de víctimas de violencia política y sobrevivientes de las dictaduras en Bolivia reanudaron una vigilia que lleva 701 días, entre los restos de un improvisado campamento destruido hace cinco jornadas.
Jorge Peláez, dirigente de la Plataforma, dijo a ANSA que continuarán “la lucha” para conseguir la creación por ley de una Comisión de la Verdad Real y ahora también identificar a quienes incendiaron su campamento.
El improvisado campamento que montaron frente al ministerio de Justicia, en pleno centro de La Paz, se incendió el domingo y se desconoce aún si fue por accidente o un acto de sabotaje a su organización.
Bajo carpas de lona en el campamento dormían cuatro personas custodiando carpetas repletas de documentos de perseguidos por las dictaduras que exigen un resarcimiento legal del Estado y esclarecer los casos de desaparecidos.
Según Pelaez, “lamentablemente hay gente que no quiere escuchar nuestro justo pedido de resarcimiento y de que se haga una ley de la comisión de la verdad”. Las víctimas denunciaron que el incendio fue provocado para destruir “fotografías antiguas, periódicos, toda la documentación.
Fue para hacer desaparecer todo eso”, dijo Victoria López. Pero el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la causa del incendio “ha sido un cable que ha provocado una chispa y el fuego posterior como producto de una instalación eléctrica artesanal”.
Un comunicado de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que se hizo presente en el lugar y “notó la ausencia de autoridades y la falta de protección de la escena para la necesaria identificación”.
El comunicado manifestó que “esos hechos crean un ambiente desfavorable para la legítima labor de los defensores de los derechos humanos” y exhortó a las autoridades “a atender sus deberes de Estado en materia de protección”.
La nota recordó al gobierno su responsabilidad de “garantizar la vida, la libertad, la integridad física y la labor de todas las personas involucradas en actividades de defensa de derechos humanos”. El comunicado mencionó también “amenazas, acosos y amedrentamientos” denunciados ante la fiscalía contra la directora del instituto de terapia e investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal.