El gobierno venezolano negó hoy que tenga un contrato vigente con España para el suministro de equipos de seguridad, después de que Madrid dijera que suspendió la venta de material para contener disturbios, en medio de las protestas contra el gobierno que comenzaron en febrero.
Asimismo, rechazó “categóricamente las infortunadas declaraciones” del “desacertado” canciller español, José Manuel García Margallo, “cuyo gobierno no tiene la autoridad moral para aconsejar sobre violencia y diálogo”.
El gobierno aclaró en un comunicado que ante la decisión del gobierno de España de suspender la venta de equipos antidisturbios para Venezuela, bajo el supuesto argumento de la inestabilidad social y política del país, que los cuerpos de seguridad venezolanos “no poseen ningún contrato vigente de suministros de equipos de seguridad por parte del gobierno español o empresas españolas”.
“El gobierno reitera su obligación constitucional de mantener el orden interno, la estabilidad política, la paz y los derechos humanos de todos los venezolanos y la defensa de las instituciones democráticas a través del uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza pública frente a la acción de grupos opositores antidemocráticos, que han ejercido la violencia armada contra la ciudadanía y contra la autoridad pública”, señaló.
Agregó que estos grupos violentos “han generado la destrucción y quema de universidades, centros de salud, unidades de transporte público y otros servicios públicos, impidiéndole al pueblo venezolano sus derechos constitucionales a la salud, la educación y al libre tránsito”.
Las protestas comenzaron el 12 de febrero y después de casi dos meses han dejado 39 muertos y más de 600 heridos.
El gobierno venezolano rechazó además las “infortunadas” declaraciones del canciller español, y consideró que su gobierno “no tiene la autoridad moral para aconsejar sobre violencia y diálogo, cuando el mundo ha sido testigo de cómo el pueblo español se ha levantado en protesta por las políticas excluyentes y negadoras de los derechos humanos y la respuesta de ese gobierno ha sido, la represión contra los manifestantes que no han pretendido derrocar el gobierno español sino reclamar justicia social”.
“El desacertado canciller español debería recomendar al jefe de su gobierno promover el diálogo con los distintos sectores sociales y nacionales que reclaman justicia en España, como lo ha hecho el presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que por medio de la Conferencia Nacional de Paz ha convocado el diálogo con todos los venezolanos”, señaló.
Igualmente, manifestó su “respeto y solidaridad con el aguerrido pueblo español en la lucha por los derechos civiles, políticos, económicos y sociales”.
El diario español El País informó esta semana de la decisión de suspender la venta de material antidisturbios adoptada el 6 de marzo por la junta institucional que regula la venta exterior de material de defensa y doble uso, un organismo en el que están representados los Ministerios de Exteriores, Defensa, Interior, Comercio y Hacienda.
Venezuela es uno de los principales clientes de las empresas españolas que producen material antidisturbios.
La suspensión de las exportaciones es una medida que no se había hecho pública y que España tomó de forma unilateral, sin que haya un embargo internacional a Venezuela.
Entre los muertos en las protestas está el hispano-venezolano Wilder Carballo Amaya, que falleció de un disparo en la cabeza durante una manifestación el 24 de febrero.
Desde el inicio de las protestas han sido detenidos unos 30 españoles, según El País, la mayoría con doble nacionalidad.