Lo que tanto fue rumor, confirmado y desmentido por distintos voceros, se concretó este viernes. La Vicepresidencia de Venezuela entregó a la Asamblea Nacional la propuesta para reformar la actual Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte, por sus siglas) y que se le permita al Estado controlar los contenidos que se publican en Internet.
De aprobarse la letra establecida en la propuesta, los contenidos que se publiquen por Internet en Venezuela deberán estar sujetos a un parámetro de horarios y categorías que establece, por ejemplo, la prohibición total de publicación de mensajes con fuerte contenido sexual o de violencia.
Pero sin duda la prohibición que más ha generado polémica es aquella que restringe la difusión de mensajes “que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o alterar el orden público”, sobre todo porque el Gobierno ha utilizado la expresión “manipulación mediática” para describir las críticas formuladas a la gestión oficial.
Se espera que el proyecto sea discutido oficialmente la semana que viene en la Asamblea Nacional y aprobado rápidamente, ya que el 5 de enero del 2011 inicia sesiones el nuevo parlamento en el que el chavismo tiene una incómoda ventaja sobre la oposición.
El Estado interviene Globovisión
Empleados del canal opositor Globovisión exigen que las autoridades venezolanas les vendan el 20% de sus acciones incautadas esta semana y llaman al presidente Hugo Chávez a cumplir con el respaldo a los trabajadores que ofrece su “revolución socialista”.
El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria tomó la quinta parte de las acciones del canal y ordenó liquidarlas por estar vinculadas al quebrado Banco Federal. El propietario de ambas, Nelson Mezerhane, permanece prófugo de la justicia. Reuters