Decenas de ciudadanos venezolanos salen de su país debido a la crisis que afronta desde hace varios años. Desde el 26 de octubre del 2019 se inició el censo para migrantes venezolanos radicados en el Ecuador. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
El desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos que salen de su país para otras regiones del mundo, sobre todo en América Latina y el Caribe, en donde se concentra el 80% de los 4,5 millones de refugiados y migrantes, son una preocupación constante y que demandan “una respuesta coordinada”, según un editorial conjunto elaborada por Federica Mogherini, Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión Europea; Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y António Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La nota parte reconociendo la generosidad venezolana cuando fue un país de acogida y destino de migrantes durante el auge petrolero, pero también destaca la labor de los países vecinos y de la región.
“Los países vecinos de Venezuela apelaron a sus largas tradiciones de generosidad y solidaridad con las personas refugiadas y migrantes, implementando políticas y mecanismos que facilitan la movilidad humana, la asistencia humanitaria y el acceso a los servicios sociales en toda América Latina”, dice la nota.
Sin embargo, la situación sobrepasó las posibilidades de cada país. “La capacidad de los países y las comunidades de acogida está llegando a su límite. Las escuelas están desbordadas y los centros de salud y la disponibilidad de viviendas están en un punto crítico. El uso irresponsable de las redes sociales y las declaraciones radicales de algunos políticos están alimentando los sentimientos xenófobos. La solidaridad regional y la voluntad política se están debilitando rápidamente ante la insuficiencia del apoyo internacional”, añaden los tres funcionarios.
“América Latina no puede enfrentar sola esta crisis. Ciertamente no puede ser abandonada por Europa, que tiene fuertes y profundos vínculos con Venezuela, y tampoco por las Naciones Unidas. Unimos nuestras fuerzas porque nadie puede abordar la crisis sin apoyo”, sostienen.
“La comunidad internacional, más allá de los países de acogida en la región, debe asumir su parte de responsabilidad y solidaridad. Se necesita una mayor participación de las instituciones financieras internacionales, los actores de desarrollo y el sector privado para apoyar los servicios y promover oportunidades económicas para las personas refugiadas y migrantes y las comunidades de acogida locales”, apuntan.
Para el fin de este octubre del 2019 en Bruselas, las tres organizaciones llevarán a cabo la Conferencia Internacional de Solidaridad para desarrollar vías de cooperación con los países involucrados. La Acnur y la OIM están trabajando con más de 200 organizaciones de la sociedad civil, humanitarias y de desarrollo en las Américas para poner en marcha un plan de respuesta integral de USD 738 millones, que hasta ahora ha sido financiado en un 48%. La Unión Europea ya ha destinado 170 millones de euros.