El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó a la administración del presidente Donald Trump suspender de forma inmediata la deportación de un grupo de venezolanos acusados de integrar bandas criminales, con base en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
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La decisión fue tomada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que los migrantes detenidos en el centro Bluebonnet, en el norte de Texas, estaban siendo procesados sin garantías de debido proceso, indicó la BBC.
La ACLU argumentó que los venezolanos recibieron notificaciones en inglés y sin tiempo razonable para interponer recursos legales. La BBC destacó este hecho como uno de los puntos críticos en la demanda.
Migrantes sin protección y bajo riesgo de expulsión
La ley en cuestión, invocada por Trump, permite la detención y expulsión de ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procedimientos judiciales habituales. Esta legislación, de tiempos de guerra, solo utilizó tres veces en la historia de EE.UU., la última durante la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, la Casa Blanca la aplicó contra supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua (TdA).
Según la información recopilada por la BBC, 137 de los 261 venezolanos ya deportados fueron expulsados bajo esta polémica legislación, muchos de ellos trasladados al centro penitenciario de máxima seguridad Cecot, en El Salvador.
La situación generó alarma entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre posibles violaciones sistemáticas.
El fallo del Supremo también responde a decisiones previas de jueces federales en Colorado, Nueva York y Texas, que bloquearon deportaciones sin previo aviso. Sin embargo, estas órdenes no alcanzaron al centro de Bluebonnet, lo que facilitó la reubicación de migrantes a esa instalación con la intención de proceder con su expulsión.
En paralelo, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito rechazó el intento del gobierno de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 000 venezolanos. Este revés judicial representa un nuevo obstáculo a las políticas migratorias de Trump en su segundo mandato.
Casos como el de Kilmar Ábrego García, deportado por error según la misma Corte Suprema, exponen la fragilidad de los derechos migratorios bajo estas nuevas medidas. La orden del Supremo no resuelve el fondo del asunto, pero da tiempo para que tribunales inferiores analicen las apelaciones.
