Texas ejecuta a mexicano Tamayo pese a clamor internacional

Familiares lamentan la ejecución de Edgar Tamayo en Miacatlán, Morelos. Foto:EFE

Familiares lamentan la ejecución de Edgar Tamayo en Miacatlán, Morelos. Foto:EFE

Texas ejecutó hoy al mexicano Edgar Tamayo Arias a pesar de los llamamientos internacionales y del propio gobierno federal estadounidense a detener una sentencia que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya había ordenado revisar porque se violó su derecho a asistencia consular, en el denominado "fallo Avena".
Tamayo, de 46 años y condenado a muerte por el asesinato de un policía en Houston en 1994, fue declarado muerto a las 21:32 horas (03:32 GMT del jueves) tras recibir una inyección letal en la "cámara de la muerte" de la cárcel de Huntsville, Texas, confirmaron las autoridades locales y mexicanas.

El ejecutado "declinó su derecho a pronunciar sus últimas palabras", precisó el portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jason Clark. Hasta última hora, las autoridades de México y en Washington habían tratado de convencer -infructuosamente- al gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, y a la fiscalía local para que no llevaran a cabo una ejecución que temen pueda no sólo tensar las relaciones bilaterales, sino crear un peligroso precedente que afecte a estadounidenses detenidos en el extranjero.

Mientras, los abogados de Tamayo agotaron todos los recursos judiciales a su alcance para impedir o retrasar la controvertida sentencia, incluido una apelación de última hora ante la Corte Suprema que ésta rechazó tras horas de deliberación, por lo que la ejecución fue finalmente llevada a cabo, aunque con algo más de tres horas de retraso según lo inicialmente previsto.

La negativa de la Corte Suprema había sido el último de varios reveses judiciales para Tamayo a lo largo de la larga jornada, en la que fueron rechazados también otros recursos con los que su defensa trató de detener su ejecución apelando tanto a la violación de su derecho a asistencia consular como a su discapacidad intelectual. Además, la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas había aprobado por mayoría recomendar al gobernador Perry que no concediera la clemencia al condenado.

La familia de Tamayo, sus padres y sus dos hijas, no estuvieron presentes en el momento de la ejecución por decisión del propio condenado, quien sí pudo sin embargo despedirse de sus parientes horas antes de que se cumpliera la fatal sentencia, según medios locales y mexicanos, que han seguido muy de cerca el caso.

De acuerdo con los reportes, Tamayo se había declarado preparado poco antes de su ejecución. "Veinte años han sido mucho, estoy listo", dijo el mexicano al personal de prisiones que lo acompañó en sus últimos momentos, un tiempo que pasó "conversando con un capellán y realizando llamadas telefónicas", según las informaciones. El temor de Washington es que la ejecución de Tamayo Arias, al que la CIJ incluyó con otro medio centenar de casos de violación de asistencia consular, el denominado "fallo Avena", pueda crear un peligroso precedente, sobre todo porque es el tercer mexicano beneficiado por la decisión de la CIJ que es ejecutado en Estados Unidos en los últimos años.

El razonamiento: si Estados Unidos no cumple el derecho a asistencia consular contemplado en la Convención de Viena, ello podría llevar a otros países a denegar este derecho a los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero. Por ello el gobierno de Barack Obama no dudó en los últimos meses en oír los pedidos del gobierno mexicano y trató de frenar la ejecución que, pese a todo, hoy fue cumplimentada. En ello se implicó hasta el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, quien advirtió a Texas de que ejecutar a Tamayo "podría impactar en la forma en que los estadounidenses son tratados en otros países".

La portavoz del Departamento de Estado Marie Harf había insistido hoy mismo en que Estados Unidos "se toma sus obligaciones internacionales muy en serio y seguirá tratando de respetarlas", si bien dio a entender que Washington daba por perdida la batalla para impedir la ejecución de Tamayo.

Al conocer la muerte de Tamayo, el gobierno mexicano renovó su llamado a que "se tomen acciones efectivas" para evitar que ocurran nuevos casos que contravengan el "fallo Avena". "El gobierno de México hace un llamado para que tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países", reclamó la cancillería mexicana.

Sus abogadas, Sandra Babcock y Maurie Levin, también advirtieron de las peligrosas repercusiones de la ejecución. "Este caso no era sólo sobre un ciudadano mexicano en el corredor de la muerte en Texas. La ejecución de Tamayo viola los compromisos de Estados Unidos con los tratados, amenaza los intereses de política exterior del país y mina la seguridad de todos los estadounidenses en el extranjero", recordaron. De las eventuales consecuencias de este caso habían alertado también organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó el caso de Tamayo e instó una vez más en los pasados días a Texas a "suspender" la ejecución para evitar una "seria e irreparable violación del derecho básico a la vida".

Un llamamiento al que se unieron reputadas organizaciones como Human Rights Watch, que calificó la ejecución de "aberrante", o Amnistía Internacional, que reiteró tras la muerte de Tamayo que ésta "ha puesto en duda la voluntad de Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones internacionales". Tamayo será enterrado en su localidad natal en el estado de Morelos, para lo cual el gobierno mexicano ya ha ofrecido ayuda en el "proceso de traslado" de sus restos a la familia del ejecutado.

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