La destitución y la inhabilitación por 18 años de la controversial senadora Piedad Córdoba, quien se convierte así en la primera víctima del escándalo de la ‘farcpolítica’, genera una avalancha de reacciones en Colombia.
Córdoba salió ayer a defender su imagen y a decir que “no es ‘Teodora Bolívar’”. La integrante del opositor Partido Liberal, que fungió de mediadora en un fallido proceso de liberación de secuestrados en poder de las FARC en el 2007 y 2008, señaló que los contactos con la guerrilla marxista fueron autorizados y conocidos por las autoridades colombianas.
También indicó que se reunió una sola vez con Raúl Reyes, entonces número dos de las FARC y quien posteriormente fuera abatido en el ataque a Angostura, en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo del 2008. La política recordó, además, que un video que registra la entrevista con el jefe de la guerrilla fue entregado a los órganos colombianos de seguridad.
La ahora ex senadora fue destituida por decisión del procurador Alejandro Ordóñez, un funcionario con el que ha protagonizado roces en los últimos meses y a quien acusó de no tener “calidad moral” para sancionarla.
Precisamente, Ordóñez abundó en detalles que, según dijo, avalan la resolución que destituye e inhabilita a Córdoba por “haber promocionado y colaborado con las FARC”. La investigación que adelantó la Procuraduría se inició a partir de los documentos hallados en las ‘laptops’ de ‘Reyes’, confirmó el Procurador General.
La indagación de la Procuraduría colombiana, que cruzó datos con la Fiscalía y la Fuerza Pública colombiana, también ha permitido establecer que Córdoba sería ‘Teodora Bolívar’. Este alias asoma en decenas de mensajes enviados o recibidos en una de las ‘laptops’ halladas en el destruido campamento.
En el documento de 140 páginas que aborda el caso de la ‘farcpolítica’, que la Procuraduría General colombiana colgó en su página electrónica (www.procuraduria.gov.co), es posible leer las imputaciones que ese organismo hace a Córdoba.
Entre ellas, por ejemplo, se menciona lo siguiente: “Haber acordado con las FARC estrechar sus relaciones con miras a apoyar un nuevo Gobierno, con la ayuda de gobiernos de otros países. Haber enviado consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas retenidas en poder del grupo insurgente, a cambio de grabaciones de voz de los mismos, solo con el fin de adoptar una mejor estrategia de las FARC en busca de sus objetivos (sic)…”.
La resolución de la Procuraduría cosechó el respaldo de los partidos alineados con el oficialismo. En esa línea se expresó Roy Barreras, senador y vocero del partido de la U. Este planteó que Córdoba sea sacada de la Presidencia de la Comisión de Paz del Congreso. En la otra orilla, el Partido Liberal deploró la sanción a la congresista. Su presidente, Rafael Pardo, comentó que “las gestiones humanitarias de liberación de los secuestrados contaban con la autorización del Gobierno de ese entonces”.