La decisión se da en medio del pulso político librado entre el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario electo, Iván Duque, quien propuso modificaciones al texto aprobado hoy en la plenaria. Foto: Agencia EFE
El Senado colombiano aprobó este miércoles 27 de junio de 2018 la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con cambios promovidos por el partido uribista Centro Democrático, entre ellos que no podrá decidir sobre la extradición de los implicados en el conflicto armado que se sometan a ese alto tribunal.
La decisión se da en medio del pulso político librado entre el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario electo, Iván Duque, quien propuso modificaciones al texto aprobado hoy en la plenaria.
El ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera, dijo en su cuenta de Twitter que “las ganadoras con esta decisión, son las víctimas”.
Por su lado, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, explicó que luego de la aprobación de la ley se designará una comisión de conciliación, pues los textos aprobados en la Cámara y el Senado tuvieron modificaciones.
Añadió que lo acordado “permite estar más tranquilos porque la JEP ya no va a congelar más extradiciones ni a conceder permisos a exguerrilleros para que salgan del país”.
Entre los cambios aprobados en el Senado está que la JEP no pueda decretar pruebas ni pronunciarse de fondo sobre la extradición y la creación de una nueva sala para juzgar a militares involucrados en crímenes dentro del conflicto.
La decisión tiene especial relevancia por el caso del líder del ahora partido político FARC Jesús Santrich, seudónimo de Seuxis Pauxias Hernández, cuya extradición fue solicitada por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.
Santrich fue capturado por la Fiscalía el 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol a petición de EE.UU., que lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.
Ante esto, Rodrigo Londoño, líder de la FARC, afirmó en Twitter que lo aprobado “es contrario a la Constitución Política y el Acuerdo Final (de paz), es una garantía de extradición sin pruebas y busca hacer trizas lo acordado”.
Tras la decisión, Londoño invitó a la Corte Constitucional a que fije su posición sobre “la inconstitucionalidad de este apartado”.
En el debate, otro punto que ha causado polémica es el referente a la congelación de los procesos de los militares en la JEP hasta que haya una sala especial para ellos, el cual sería, en todo caso, voluntario.
Al referirse a las modificaciones introducidas al proyecto aprobado, el presidente Santos declaró: “Vamos a ver qué pasa en la conciliación y luego veremos qué pasa en la Corte Constitucional“, que debe revisar su lo aprobado cumple todos los requisitos.
Agregó que “esos artículos tienen una serie duda constitucional, déjenme yo me manifiesto después de que la conciliación se haya finiquitado”.
Entre tanto, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo a periodistas que recibe la aprobación de esas normas con “tranquilidad” y “serenidad”.
“El Congreso ha cumplido con la función constitucional que le corresponde y ha expedido una norma de procedimiento que sin ninguna duda sirve a los propósitos de la jurisdicción, afianza el cumplimiento de principios esenciales en el Estado de derecho como el principio de seguridad jurídica y debido proceso“.
Añadió que seguirán actuando “como lo hemos venido haciendo supeditado en toda situación y en todo tiempo a la constitución y a la ley“. Sobre los cambios introducidos en el Senado, manifestó que habrá que esperar las consecuencias.
“Por ahora expedida la ley, culminado todo su tramite, sancionada por el Presidente, pues se nos impone como norma aplicable y tendremos que ver las implicaciones que supone para los comparecientes y para la propia jurisdicción“.
