Las razones de por qué falló la ‘nueva normalidad’ en España
Vecinos del distrito de Vallecas en Madrid protestan frente al parlamento regional en apoyo a la salud pública y contra la gestión negligente de la crisis del coronavirus, este 4 de octubre de 2020. Unos 4,5 millones de personas se ven afectadas por un ci
En medio de un forcejeo político entre el Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular (PP), y el gobierno socialista de Pedro Sánchez, Madrid sufre nuevas restricciones para controlar la multiplicación de contagios de covid-19 en la segunda ola de la pandemia que golpea a España. Se trata de la capital de Europa con mayor incidencia.
A la espera de que el tiempo muestre las consecuencias de las nuevas medidas, la ciudadanía se pregunta qué falló para haber llegado a este estado.
Los expertos coinciden en algunos factores. Según el epidemiólogo Miguel Hernán, en España se necesitaba cumplir con cuatro condiciones antes de llegar a la ‘nueva normalidad’: el liderazgo de las comunidades autónomas (departamentos) para mejorar la asistencia, el diagnóstico, el rastreo y los aislamientos; la definición por parte del gobierno central de indicadores claros para facilitar la coordinación, medidas concretas de la desescalada diseñadas por expertos multidisciplinares y que esta se realizara de manera más gradual, y decisiones sobre aperturas y cierres basadas en constantes evaluaciones.
“La nueva normalidad era otra cosa”, dijo al diario El País. “Esto que hemos experimentado ha sido simplemente una desescalada apresurada sin hacer los deberes”, agregó.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no han actuado con coordinación, recoge el corresponsal de El Tiempo. Los gobiernos locales determinaron las restricciones de manera independiente. Por otra parte, el afán de la reactivación económica llevó a muchos comercios a no respetar del todo las medidas. A eso se suma el comportamiento social de los españoles, dados al ocio y a las reuniones. “Los jóvenes actuaron con indisciplina durante las vacaciones: se reunieron sin tomar medidas”, dice el neumólogo Julio Ancochea.
En Italia, en contraste, la ciudadanía ha respetado las medidas de seguridad y ha sido más disciplinada. La reapertura fue gradual, se mantiene un estrecho rastreo de contactos y se hacen abundantes test a la población.
Los rastreos, por su parte, son más exhaustivos. Cuando una persona presenta síntomas, se le practican test a todos aquellos con los que suele interactuar, sin importar si los ha visto. En España se considera que ha habido un contacto cuando se han permanecido al menos 15 minutos juntas, sin tapabocas y sin mantener la distancia de seguridad, según el doctor Fernando Prados.
El virus tocó a Europa en Italia a principios de marzo. Luego pasó a España, dos semanas después. Las cifras se mantuvieron parecidas al principio, pero hoy son muy distintas.
Para determinar la velocidad en la que avanza el contagio, se mide el número de casos por cada 100 000 habitantes en 14 días; en Italia alcanza los 33,5, mientras en España pasa los 300, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
En Italia continúa el estado de emergencia, que otorga más poder al gobierno central y facilita la coordinación con las regiones. En España, los políticos no se ponen de acuerdo en la forma para combatir el virus. Y Madrid es un claro ejemplo de ello.
Durante el descongelamiento de fases, Madrid iba por detrás de la mayoría del país, mientras el ayuntamiento (alcaldía) presionaba al gobierno central para que le permitiera avanzar con mayor rapidez. Cuando llegó a la fase 2 prometió una vigilancia epidemiológica que no cumplió y, al acabarse el estado de alarma, saltó a la ‘nueva normalidad’ con medidas laxas para su alto número de población (casi siete millones habitantes). De hecho, fue una de las últimas comunidades en hacer volver obligatorio el uso de tapabocas.
Por otra parte, los rastreadores y la atención primaria (que trata a los contagiados antes de que necesiten hospitales y evita que estos colapsen) han sido insuficientes en la capital, que pidió ayuda al ejército para los rastreos en agosto pasado, cuando ya varias comunidades contaban con ella.
Es parte del forcejeo entre la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, y el gobierno de Sánchez. Tras el último asalto, Díaz Ayuso dijo que llevará a tribunales las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad contra su voluntad. Se trata de restricciones de movilidad, reducción de aforos y prohibición de reuniones de más de seis personas.
“Los ciudadanos hicieron su trabajo, aceptaron los confinamientos y siguieron normas como el uso de mascarillas”, dijo el periodista David Jiménez en una columna de The New York Times. “Los políticos se pelearon entre ellos, incumplieron las promesas y repitieron los errores de la primera ola del virus”, agregó.