Saqueos, destrozos de edificios públicos y privados, bloqueo de carreteras, marchas y concentraciones públicas se registraron ayer en la jornada de protestas en varias ciudades de Bolivia. El alza de carburantes de hasta un 83%, decretada el domingo pasado, es la causa.Los manifestantes destrozaron casetas del cobro de peajes de la autopista El Alto-La Paz, quemaron uniformes policiales y secuestraron una caja con dinero, según informe de los policías que huyeron del sitio para no sufrir agresión física. Además hubo destrozos en la sede de la Federación de Juntas Vecinales, la Central Obrera Regional y un edificio del municipio de El Alto, ciudad vecina a La Paz, instituciones controladas por militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales.
Los manifestantes exigían la dimisión del alcalde de El Alto, René Patana, y censuraron a los sindicalistas alteños por no pronunciarse contra el alza de combustibles. También una columna de marchistas descendió de El Alto a La Paz para protestar en la sede de Gobierno de Bolivia contra las últimas disposiciones del gobernante que aumentó el precio de carburantes y solo aprobó un incremento salarial de un 20% para los sectores de educación, salud, Policía y Fuerzas Armadas.
La Paz fue escenario de varias marchas, incluyendo una organizada por el alcalde Luis Revilla, ex socio político de Evo Morales y ahora su tenaz opositor. La marcha del Movimiento Sin Miedo (MSM), liderado por Juan del Granado, aliado del presidente Morales en cuatro de sus cinco años de gobierno, participó en la marcha de La Paz.
Del Granado planteó a Evo Morales convocar a un referéndum nacional para que los ciudadanos bolivianos decidan aceptar o rechazar el incremento de carburantes. “Que la gente se pronuncie en las urnas si aceptan que se mantenga el ‘gasolinazo’ en el país”, retó. El gobierno socialista e indígena de Evo Morales sufrió ayer la mayor protesta ciudadana en cinco años por el alza de carburantes que ya provocó desabastecimiento de víveres, retiro de ahorros de los bancos, e incremento del precio del pan de 40 a 70 centavos de boliviano y de los pasajes entre un 50 y un 100%.
La protesta ciudadana no cedió pese al anuncio del Presidente de un aumento salarial del 20% y otras medidas complementarias a su llamada nivelación interna de combustibles a precios internacionales. El incremento es al salario mínimo nacional y será de 815 bolivianos (unos USD 120) para los trabajadores de salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas. Los empleados públicos solo percibirán un doble aguinaldo en diciembre del próximo año, mientras que los trabajadores del sector privado tendrán que negociar con sus patrones el aumento salarial.
La Confederación Sindical de Choferes realizó un paro de 24 horas reclamando un aumento de un 100% de los pasajes. La ciudad de Cochabamba amaneció bloqueada por vehículos de alto tonelaje que llevan carga a puertos de Chile y Perú. Hubo violencia en la plaza principal.
Otro punto de protesta se ubicó en la población de Challapata, a 385 kilómetros al sur de La Paz, donde campesinos bloquean la carretera Oruro-Potosí que conecta a la frontera sur con Argentina. Oruro, Potosí y Santa Cruz de la Sierra fueron escenarios de marchas de protesta, mientras que en las poblaciones mineras de Huanuni, Llallagua y Uncía, sudoeste de Bolivia, realizaron cabildos donde se concedió tres días al Gobierno para que derogue el decreto de alza de carburantes.
Los productores de la hoja de coca, leales a Evo Morales, expresaron rechazo al aumento del precio de los carburantes y transporte público. Sin embargo, el viernes se reunirán con el vicepresidente Álvaro García , quien explicará los objetivos del decreto que promulgó el domingo pasado.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, apeló a los militares para diversos menesteres como elaborar pan, trasladar pasajeros en buses o aviones, con el fin de paliar las necesidades de la población afectada por la especulación y un paro de transporte. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció que elaborarán y comercializarán pan a precios antiguos para beneficiar a la población.