Julian Assange desde un balcón de la Embajada ecuatoriana en Londres el pasado 19 de mayo de 2017. El propietario de la empresa de seguridad que vigilaba la legación diplomática rendirá su declaración ante la Justicia, por el supuesto espionaje al fundador de Wikileaks. Foto: Archivo/ EFE
David Morales, propietario de la empresa española UC Global, investigada por un supuesto espionaje al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su estancia en la Embajada ecuatoriana en Londres, declarará el viernes 7 de febrero del 2020 en la Audiencia Nacional española.
Morales comparecerá a petición propia después de que el juez español José de la Mata ordenara su detención el pasado 17 de septiembre y le dejara posteriormente en libertad con medidas cautelares, informaron este miércoles 5 de febrero fuentes judiciales.
La empresa UC Global se ocupó de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018, durante parte de los siete años que Assange estuvo asilado en esa legación, protegido por el Gobierno del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa.
El fundador de WikiLeaks fue sacado del edificio el 11 de abril de 2019 por la Policía británica después de que el actual Ejecutivo ecuatoriano de Lenín Moreno le retirara esa protección diplomática y actualmente está encarcelado en el Reino Unido a la espera del resultado del juicio de extradición a Estados Unidos, que comenzará el 24 de febrero.
La Justicia española investiga a Morales tras la querella presentada por el jurista Baltasar Garzón en Madrid -y en Quito, de manera paralela-, ante la posibilidad de que el material obtenido en ese supuesto espionaje fuera enviado a EE.UU.
El propio Assange declaró al juez de La Mata por videoconferencia desde Londres en diciembre pasado que fue grabado y escuchado sin su autorización en una operación “eventualmente coordinada por Estados Unidos”.
El auto en el que De la Mata acuerda investigar estos hechos recoge los actos de espionaje denunciados en la querella, que supuestamente realizó la empresa española a petición de Estados Unidos, destinados a vigilar a Assange y a las visitas que recibía en la sede diplomática.
Los abogados de Assange también denunciaron seguimientos a Garzón durante un encuentro en Madrid con Correa en 2017 de los que posteriormente se elaboraron informes.
Durante el tiempo que UC Global se hizo cargo de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, según el auto judicial, Morales experimentó supuestamente “un incremento patrimonial notable”, adquiriendo una nueva vivienda de “elevado valor” y “algunos autos de alta gama“.
En un principio, la seguridad, subcontratada a su empresa, consistía en un circuito cerrado de cámaras sin sonido “a los únicos efectos de vigilar un posible acceso ilegítimo al inmueble”.
Pero tras varios viajes a Estados Unidos desde 2016, Morales constituyó una “pequeña unidad de trabajadores” en la sede española de UC Global que recibieron órdenes para “desarrollar una labor de recolección dentro de la Embajada”.
El magistrado español cree que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, así como de blanqueo de capitales.