El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, demandó el 29 de julio ante el Consejo de Estado apartes del mecanismo para brindar seguridad jurídica al acuerdo final de paz que firmen el Gobierno y las FARC porque viola la Constitución y “normas internacionales”.
El blindaje consiste en que el acuerdo final se entenderá como un acuerdo especial según los Convenios de Ginebra y señala también el compromiso del Estado de hacer declaración presidencial unilateral ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el procurador dijo en un comunicado que al darle la categoría de “acuerdo especial” se están desconociendo los Convenios de Ginebra, “pues desborda el contenido y alcance de los acuerdos especiales en los términos de esta norma, la cual fue ratificada por Colombia“.
Ordóñez aseguró que el acuerdo debe referirse directamente a la aplicación de las normas convencionales del Derecho Internacional Humanitario y que lo pactado en La Habana “contendrá temas que claramente desbordan esas limitaciones de contenido al incluir asuntos como una política de manejo de drogas”.
De igual manera, manifestó que el mecanismo de blindaje jurídico desconoce la Constitución de Colombia “pues una mesa de negociación sin representatividad popular y sin poder constituyente estaría modificando las normas constitucionales”.