A 6 años y 4 meses de prisión fue condenado en Colombia el abogado Ariel Ortega Martínez como responsable de las amenazas a los periodistas Daniel Samper Ospina, María Antonia García de la Torre y el caricaturista Julio César González, conocido como Matador.
Según la investigación de una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el procesado fue quien, entre los años 2017 y 2018, envió mensajes intimidatorios a través de redes sociales contra las víctimas.
En ese sentido, además de la pena principal por el delito de amenazas, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, le ordenó a Ortega pagar una multa de 2977 salarios mínimos.
También se le impuso al abogado una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 48 meses.
Al término de la audiencia de lectura de sentencia, el juez le concedió al procesado la prisión domiciliaria.
Así fueron las amenazas
En abril de 2018 el abogado escribió varios trinos que llevaron a la investigación penal que concluyó en la condena.
“ ‘Matador’ es un canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo”, fue uno de los mensajes.
Otro de los periodistas que fue blanco de Ortega, según los rastros que se tomaron antes de que cerrara su cuenta, es Daniel Samper Ospina. “Bobo mal nacido, vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¡Qué falta hacen las Auc para callar a este sapo!”, decía uno de los mensajes. La Fiscalía también rastreó amenazas contra la bloguera María Antonia García de la Torre.
La decisión de condenarlo por estos hechos es de primera instancia y podrá ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló que el juzgado consideró “que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa”.
Y consideró positiva la condena “pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98 por ciento de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer”.
La FLIP advirtió que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes, por lo que pidió a la Fiscalía General “que refuerce sus técnicas de investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas, pues este es uno de los delitos que más afecta a la prensa en Colombia, siendo cada año la principal agresión contra la prensa”.