La detención del máximo responsable de la Policía guatemalteca y de otros dos jerarcas en vísperas de la visita de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, para hablar de la lucha contra el narcotráfico, levanta un clamor general para que se depure a esta institución.
Sectores políticos y sociales coinciden en que el desmoronamiento de la fuerza pública, creada en 1997, se debe a que muchos de los agentes provienen de las cuestionadas fuerzas de seguridad que operaron durante el conflicto armado guatemalteco (1960-96), a menudo implicadas en grupos criminales.
El ex ministro de Gobernación Danilo Parinello (1993-96) también destaca la falta de profesionalismo de los agentes que se gradúan en tres meses, y cuyo salario ronda los USD 440 mensuales.
A la lucha contra el narcotráfico y las redes del crimen organizado que socavan los cimientos del Estado tampoco aportan, según expertos, los constantes cambios de ministros del Interior (5) en los dos años del gobierno de Álvaro Colom.
“El problema es la improvisación, tanto funcionario en altos puestos que llegan sin saber qué van hacer” al estar en el cargo, lamentó Parinello.
Sin duda, las recientes detenciones del director de la institución, Baltazar Gómez -el martes, por el robo de unos 700 kilos de cocaína ,y la muerte de cinco uniformados-; de la jefa antidrogas, Nelly Bonilla, y del oficial Fernando Castro, por supuestos vínculos con el narcotráfico, ponen en evidencia este cáncer que carcome a las fuerzas de seguridad, integradas por 22 000 agentes.
A estas detenciones se suma también la aprehensión del anterior director de la Policía, Porfirio Paniagua, igualmente acusado de estar implicado en un robo de unos 900 kilos de cocaína.
Según el PNUD, por Guatemala pasan anualmente entre 330 y 350 toneladas de cocaína: entre USD 700 y 1 000 millones.