La gobernadora de Arizona (sur), Jan Brewer, promulgó ayer una nueva ley polémica que prohíbe a niños de un distrito escolar de Tucson estudiar temas étnicos diferentes a la raza que pertenecen. Esto ha generado el rechazo de algunos miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El jefe de las escuelas del estado, el republicano Tom Horne, que busca el cargo de secretario de justicia estatal, señala que este programa de estudios promueve el ‘chauvinismo étnico’ (lo propio del país al que se pertenece es lo mejor en cualquier aspecto) y que genera resentimiento hacia los blancos. La nueva ley prohíbe las clases que defiendan la solidaridad entre los miembros de una etnia, que estén dirigidas principalmente a los estudiantes de un grupo racial en particular o que promuevan el resentimiento hacia cierto grupo.
Seis expertos en derechos humanos de la ONU se mostraron preocupados ante la medida, ya que consideran que toda persona debe tener la posibilidad de aprender sobre su propia herencia cultural y lingüística.
A poco más de un mes de terminar el año escolar, más de 100 alumnos deberán abandonar sus estudios por la medida polémica de la gobernadora de Arizona, incluida dentro de la Ley Antiinmigrante, ejecutada por el Departamento de Educación del estado.
El ente gubernamental solicitó a un distrito escolar local la restitución de USD 1,2 millones de fondos estatales, porque el dinero fue usado en forma ilegal para dar educación gratuita a niños mexicanos.
Horne informó ayer que de acuerdo con una auditoría al Distrito Escolar de Ajo, esta jurisdicción aceptó en forma ilegal a estudiantes que no son nacidos en Arizona. “El asunto aquí no es ciudadanía o documentación, sino residencia”, argumentó Horne. “En este caso, 105 estudiantes aseguraron que residían en Arizona, cuando de hecho residían en México”, explicó.
El Distrito Escolar de Ajo es diminuto en comparación con otros de la entidad, y cuenta solo con un jardín de niños, primaria, secundaria y una preparatoria.
Las escuelas de Ajo, una comunidad del desierto sur de Arizona cerca de la frontera con México, atienden a niños de la reservación indígena Tohono O’odham y de las comunidades de Lukeville, Why y Ajo. Horne explicó que los niños mexicanos cruzan la frontera cada día y toman autobuses para asistir a las escuelas públicas en Ajo, donde son educados a cargo de los contribuyentes de Arizona.
Como una manera de repudio, los legisladores de San Francisco y Los Angeles (California) aprobaron por abrumadora mayoría un boicot contra Arizona.
La resolución del Concejo de San Francisco, por 10-1, llama a que la ciudad evite firmar contratos con empresas con sede en Arizona. En Los Angeles, el concejo congeló, por 13 votos contra 1, los desplazamientos por negocios a Arizona. Según el controlador financiero de Los Angeles, la ciudad tiene 15 contratos con empresas con sede en Arizona, por un total de USD 7,7 millones .
En contrapartida y según un sondeo del Centro de Investigaciones Pew divulgado ayer, una amplia mayoría de estadounidenses aprueba la ley antiinmigrantes adoptada recién en Arizona y que disparó una serie de protestas en todo el país.
La medida exige a los policías de Arizona detener y pedir identificación en base a “dudas razonables” a cualquiera que pueda parecer extranjero indocumentado, aunque no sea sospechoso de ninguna actividad ilegal. 994 personas fueron consultadas por Pew entre el 6 y el 9 de mayo.
¿Qué dice la encuesta?
El 67% de los encuestados aprueba que la Policía pueda detener a cualquier persona que no pueda justificar su estatuto migratorio, mientras que 62% considera legítimos los controles policiales con base en la simple duda razonable.
En su conjunto, la Ley antiinmigrante de Arizona recibió el visto bueno de 59% de los consultados, contra la condena de 32% de ellos.
El estudio encontró que incluso los demócratas están divididos por la ley de Arizona, con un 45% apoyándola y un 46% que dijo desaprobarla.