Fiscal general destituye a fiscales que investigan el caso Odebrecht en Perú

Según la fiscalía brasileña, los países que han solicitado documentos sobre el caso Odebrecht podrán enviar a sus fiscales para recibir las pruebas desde el 1 de junio, al vencer el plazo de sigilo internacional. Foto: Archivo EFE

Según la fiscalía brasileña, los países que han solicitado documentos sobre el caso Odebrecht podrán enviar a sus fiscales para recibir las pruebas desde el 1 de junio, al vencer el plazo de sigilo internacional. Foto: Archivo EFE

El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, destituyó el lunes 31 de diciembre del 2018, al fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela. Foto: Archivo EFE

El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, destituyó el lunes 31 de diciembre del 2018, al fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, y al fiscal José Domingo Pérez, quien estaba a cargo de las investigaciones contra la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García.

Chávarry, quien es investigado por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto", argumentó que los fiscales han vulnerado el principio de jerarquía en el Ministerio Público, al haber cuestionado su permanencia en el cargo.

El fiscal general señaló que el nuevo fiscal coordinador del equipo especial será el fiscal superior Frank Robert Almanza y Domingo Pérez será reemplazado por el fiscal provincial titular Marcial Eloy Páucar.

Chávarry sostuvo que tomó su decisión porque es necesario adoptar "medidas urgentes y necesarias a fin de restablecer y reforzar la función del Ministerio Público".

"El Ministerio Público no cejara, nuestra lucha contra la corrupción será implacable, caiga quien caiga, no tengo temor a ello", acotó.

El fiscal general se presentó acompañado por Almanza y Páucar, pero solo leyó un pronunciamiento y se negó a aceptar preguntas de los periodistas, quienes le cuestionaron si su decisión es una represalia por el enfrentamiento que tuvo con Pérez y Vela.

Pérez denunció el pasado 26 de diciembre por encubrimiento a Chávarry, en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva.

El fiscal imputó a Chávarry la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en las modalidades de encubrimiento personal y real, y "ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht".

Entre los investigados de este caso están Keiko Fujimori, como líder del partido opositor Fuerza Popular, y los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Pérez señaló que Chávarry busca "procurar que el proceso de colaboración con la empresa Odebrecht no concluya satisfactoriamente", lo cual significaría que "las diversas fuentes de pruebas (...) no puedan emplearse en un posible juzgamiento", ni tampoco recibir mayor información en estas pesquisas.

Por ese motivo, pidió a la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial elevar sus pesquisas a la Fiscalía de la Nación para que se proceda conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.

La presencia de Chávarry como fiscal general ha sido cuestionada desde que asumió el cargo en julio pasado, ya que se le vinculó con la red de corrupción en la Judicatura que supuestamente lideró el juez César Hinostroza, actualmente detenido en España mientras se procesa su extradición a Perú.

Sin embargo, los diferentes pedidos para que el Congreso evalúe su permanencia en el cargo, que incluso han sido hechos por el presidente Martín Vizcarra, han sido bloqueados por la bancada mayoritaria del partido fujimorista Fuerza Popular.

Tras conocerse la decisión del fiscal general, anunciada solo cuatro horas antes de las fiestas del año nuevo, políticos de diferentes bancadas señalaron que es un duro golpe a la lucha anticorrupción, mientras que legisladores fujimoristas pidieron respetar la medida por implicar a la autonomía de poderes.

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