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Periodistas nicaragüenses que denunciaron mensajes de odio pintados en su casa se exilian

Un hombre, con una mascarilla de protección contra la enfermedad del coronavirus (covid-19), camina junto a un mural que representa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua. Foto. Reuters

Un hombre, con una mascarilla de protección contra la enfermedad del coronavirus (covid-19), camina junto a un mural que representa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua. Foto. Reuters

Un hombre, con una mascarilla de protección contra la enfermedad del coronavirus (covid-19), camina junto a un mural que representa al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua. Foto. Reuters

Dos periodistas nicaragüenses se marcharon al exilio por razones de seguridad en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 cuando estallaron unas revueltas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, informó este miércoles 30 de diciembre del 2020 un organismo humanitario.

La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más confirmó que los periodistas Eduardo Montenegro y Sandra Elena Martínez, director y jefe de prensa, respectivamente, del canal de televisión Notimat, que se transmite en el departamento de Matagalpa (norte), se marcharon al exilio.

Los comunicadores, que son pareja, abandonaron Nicaragua en compañía de sus hijos menores de edad “debido al incremento del asedio, hostigamiento e intimidación hacia él y su familia, incluyendo pintas y mensajes de odio en su casa de habitación, así como también amenazas en su contra”, indicó el organismo humanitario.

Esa ONG observó que Montenegro y su familia, como el equipo periodístico de Notimatv, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que procederán a informar sobre dicha situación tanto a la CIDH como a su Relatoría sobre Libertad de Expresión.

“Desde el Colectivo condenamos el incremento de la persecución política y asedio con leyes punitivas como la Ley Especial de Ciberdelitos que incrementan el riesgo a periodistas, medios de comunicación independientes y ciudadanía en general en la búsqueda de la información y en su derecho de informar”, agregó.

Montenegro, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde está solicitando asilo, dijo vía telefónica a la plataforma digital “Artículo 66” que se vio obligado a salir de Nicaragua ante el constante asedio y amenazas de las que han sido víctimas a raíz del estallido social en abril de 2018.

Aseguró que fanáticos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), civiles armados vinculados al Gobierno, y la misma Policía Nacional, han mantenido un constante asedio y amenazas contra él y su familia, y el equipo de periodistas que trabaja para Notimatv, y por ello decidió exiliarse, sobre todo para salvaguardar la vida de sus hijos a quienes también han amenazado.

“Lo que se viene contra el periodismo independiente en cuanto a represión es impredecible. El régimen está arreciando la represión y yo tengo hijos pequeños que debo proteger”, señaló.

“El acoso y hostigamiento contra Notimatv es tal, que el 24 de diciembre (pasado) dos paramilitares (civiles armados) siguieron a una de las muchachas del equipo periodístico y la amenazaron con violarla y bebérsele la sangre. Esa es una amenaza grave”, denunció Montenegro.

La pareja partió de Nicaragua, junto a sus hijos, el pasado 11 de diciembre de forma legal, según dijo.

Montenegro indicó que el canal de televisión seguirá trabajando con el equipo periodístico que se quedó en Nicaragua.

Las agresiones del Estado y de la Policía Nacional contra periodistas u otros trabajadores de medios de comunicación no oficialistas ocurren con frecuencia en Nicaragua desde abril de 2018 cuando estalló la crisis, según ha denunciado la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

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