Tres espacios en la primera fila de la misa de despedida que oficiará el papa Francisco en Ciudad Juárez, en el norte de México, estarán reservados para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014, con los que el pontífice no se reunirá, como le pedían ellos.
Una fuente de la organización de la visita confirmó que el único acercamiento previsto oficialmente entre Francisco y ese grupo será en una multitudinaria eucaristía en el área de la feria de Ciudad Juárez, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, el próximo 17 de febrero, último día de la visita papal.
“Van a tener tres asientos en primera fila en Ciudad Juárez, en la misa donde el Papa se va a despedir de los mexicanos”, indicó.
Según la fuente, junto a ellos habrá también representantes de otros colectivos víctimas de la violencia en México, como por ejemplo de los feminicidios en la propia Ciudad Juárez o de la trata de personas entre los miles de migrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos, entre otros.
La fuente agregó que “no hay espacio en la agenda para la reunión con ellos” y aclaró que “la decisión se acordó desde el Vaticano y no es algo que haya definido la Iglesia mexicana”.
Recientemente, el abogado de los familiares de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, dijo que veía “complicado” el encuentro, algo que ya buscaron durante la visita papal a Estados Unidos del año pasado, pero consideró que aún hay una “oportunidad” de que se concrete cuando Francisco esté en Ciudad de México.
En la capital mexicana empieza la visita el próximo viernes y allí pernoctará todas la noches, inclusive los días en que se desplace a otras ciudades del país.
Uno de los padres de los desaparecidos, Melitón García, indicó hace unos días que confía en que por lo menos el pontífice se pronuncie sobre su caso en alguna de sus intervenciones públicas.
La noche del 26 de septiembre de 2014 la Policía de Iguala disparó contra estudiantes de la Escuela Normal (de magisterio) Rural de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, que se habían apoderado de varios autobuses para desplazarse a una manifestación en México.
En la acción hubo seis muertos, una veintena de heridos y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y trasladados a un basurero de la población cercana de Cocula, donde presuntos miembros del cártel de Guerreros Unidos los asesinaron e incineraron sus cuerpos, según la versión oficial.
Esa misma versión, que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto calificó de “verdad histórica” y que es rechazada por los padres de las víctimas, indica que los policías estaban a sueldo de un grupo del crimen organizado al que entregaron a los jóvenes.
La teoría también es cuestionada por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha realizado varias visitas al país para investigar el caso, invitado por las autoridades.
El pasado 27 de enero, la organización civil internacional Human Rights Watch situó en 25.500 el número de personas desaparecidas en México y consideró que el Gobierno de Peña Nieto hizo “poco progreso” en la defensa de los derechos humanos.