Varias ONG de Guatemala señalan a jefe del Supremo de criminalizar activistas
El 23 de enero pasado, la propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó en suspenso el proceso de desafuero contra tres de sus magistrados (Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco de Mata) acusados, supuestamente, de haber limitado la política ex
La Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, que aglutina a nueve ONG, señaló este domingo 24 de marzo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Nester Vásquez, de criminalizar a dos activistas que lo denunciaron por una supuesta violación a la Constitución.
En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que Vásquez, en "abuso y extralimitación de sus funciones" denunció a la presidenta de la Unidad de Protección a Defensores de DD.HH. de Guatemala, Claudia Samayoa, y al activista José Martínez, miembro del colectivo Justicia Ya, por supuestamente haber cometido "sustracción, desvío o supresión de correspondencias y tráfico de influencias".
Vásquez, indica la Convergencia por los DD.HH., "abusa de su posición" y "lleva a cabo una acción de represalia" contra Samayoa y Martínez, quienes, junto a otros activistas, presentaron una querella en contra del presidente del Supremo y otros 10 magistrados por haber tramitado una solicitud de desafuero contra tres jueces de la Corte de Constitucionalidad (el máximo tribunal del país).
El grupo de ONG, entre las que destaca el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos que llevó a la justicia acusado de genocidio al exdictador fallecido José Efraín Ríos Montt, mostró su "solidaridad y respaldo" con Samayoa y Martínez.
Además, repudiaron el accionar de Vásquez, calificándolo de "perverso" y lo señalaron de intentar "coartar" el "ejercicio de derechos y libertades ciudadanas" mediante "represalias".
También, instaron al Ministerio Público (Fiscalía General) a desestimar la denuncia del presidente del Supremo contra los dos activistas, pues afirmaron que ésta es "espuria" y solicitaron hacer valer el protocolo de atención a denuncias relacionadas con personas defensoras de derechos humanos y pidieron al ombudsman, Jordán Rodas, su acompañamiento.
El 23 de enero pasado, la propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó en suspenso el proceso de desafuero contra tres de sus magistrados (Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco de Mata) acusados, supuestamente, de haber limitado la política exterior del presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
Los magistrados, de manera "unánime" y sin la intervención de los tres acusados, decidieron otorgar el amparo provisional solicitado por Jordán Rodas, en contra de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el 9 de enero de remitir al Congreso las diligencias.
La denuncia contra los tres magistrados del máximo tribunal fue presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación argumentando la supuesta "extralimitación de funciones" del Constitucional por haber impedido la expulsión del embajador sueco Anders Kompass, quien fue señalado por la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, de haber intervenido en asuntos internos.
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