Jan Brewer, gobernadora de Arizona y promotora de la ley, confía en que esta normativa entre en vigencia. Ella cree que la ley será declarada como constitucional por la rama judicial del Gobierno de Estados Unidos.La funcionaria dijo que sabía que la SB1070 sería desafiada ante los tribunales, al igual que ocurrió con otras normas de Arizona sobre la inmigración de indocumentados. Pero que de todos modos pasará.Paúl Senseman, subjefe de gabinete de Brewer, dijo que la Gobernadora ha recibido, sin solicitarlo, “más de USD18 000 de individuos de más de 40 estados para financiar los costos asociados con las potenciales demandas judiciales en contra la nueva ley”.Para Gabriel Chin, profesor de Derecho de la Escuela de Leyes James E. Rogers de la Universidad de Arizona, el destino de las demandas interpuestas en contra de la Ley SB 1070 dependerá en gran medida de si el gobierno del presidente Barack Obama decide desafiar la medida.El catedrático universitario consideró que la opinión de la Casa Blanca influirá en la decisión de cualquier tribunal respecto a la constitucionalidad de la ley antiinmigratoria.
De acuerdo con informes de prensa, funcionarios del Departamento de Justicia han redactado un borrador de un recurso de impugnación que argumenta que la legislación de Arizona es inconstitucional porque traspasa la autoridad del gobierno federal.