La Audiencia Nacional decide si entrega a Venezuela a Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, reclamada por delitos de blanqueo. Foto: EFE
Esta es una historia que se repite a menudo con los más estrechos colaboradores del fallecido presidente Hugo Chávez desde cuando ascendió al poder su ungido, el hoy presidente Nicolás Maduro.
Claudia Patricia Díaz Guillén, quien formó parte del cuerpo médico que acompañó al líder bolivariano durante el cáncer que le quitó la vida, está en camino de ser extraditada de España hacia Venezuela por una acusación de lavado de activos.
Ella dice que detrás de todo hay una persecución política del régimen de Maduro por cuanto se negó a hacerle firmar una serie de documentos al enfermo presidente, pero la justicia venezolana asegura que en una investigación de los supuestos Papeles de Panamá (Panama Papers) ella y su esposo, Adrián José Velásquez, que fue jefe de seguridad del fallecido presidente, recibieron ayuda del bufete Mossack Fonseca para ‘blindar’ una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter el pasado 10 de abril.
En otro mensaje, Saab recordó que en 2016 la Fiscalía venezolana realizó allanamientos a las propiedades de la familia Velásquez Figueroa y que en ese momento “se les detectó innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela”.
La pregunta es ¿cómo una enfermera terminó amasando una fortuna de tal magnitud como para ser escondida en Panamá?
La razón es que Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden). Pero al mes de la muerte de Chávez, el 5 de marzo del 2013, fue cesada. Poco después salió de Venezuela.
Su abogado, Ismael Oliver, expuso que existen “fundadas sospechas de persecución política” y “serias dudas” sobre la validez de la reclamación, ya que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera en España fue anulada meses después por una instancia judicial superior, sin que Venezuela lo comunicara.
Por eso cree que las autoridades venezolanas han tratado de engañar a la Justicia española, con quiebra del principio de confianza mutua entre Estados. El letrado arguyó que la causa abierta contra su defendida se basa en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), “un órgano que está sancionado y cuestionado -aseguró- por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos“.
El presidente del tribunal que estudia el caso, Alfonso Guevara, advirtió al letrado que, en ningún caso, pueden los magistrados entrar en el fondo de la reclamación, y apuntó que el Consejo de Ministros español autorizó su tramitación.
La Fiscalía cree, por su parte, que se dan los requisitos necesarios para aceptar la extradición, que la audiencia resolverá en los próximos días.
Díaz Guillén fue detenida en Madrid el pasado mes de abril junto a su esposo, que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, aunque su extradición se tramita en un procedimiento aparte.
El matrimonio fue puesto a disposición del juez español Fernando Andreu, que los dejó en libertad con la prohibición de salir de Madrid mientras se decide sobre su entrega.
A raíz del arresto de estos dos colaboradores de Chávez, su abogado emitió un comunicado en el que atribuía la reclamación de Venezuela a la búsqueda de “chivos expiatorios” por parte del régimen venezolano “para distraer a la gente de la miseria que está viviendo el pueblo”.