Ciudadanos hacen fila para retirar parte o todos sus ahorros que tienen en las AFP, con el fin de cubrir las necesidades por la pandemia. Foto: AFP
El Decreto Ley 3500, promulgado el 4 de noviembre de 1980, puso a Chile como referente mundial. Fue el primer país en aplicar un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, lo cual cambió radicalmente el papel que venía desempeñando el Estado en la seguridad social.
Fue un cambio de paradigma, ya que la responsabilidad de pagar las pensiones pasó del Estado a los ciudadanos. El monto que recibiría un trabajador por jubilación dependería de su capacidad de ahorrar y del conocimiento para invertir en una docena de Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas para administrar esos recursos.
Al cumplirse 40 años de vigencia de la Ley 3500, Chile atrae nuevamente la atención mundial. En esta ocasión, la expectativa es fortalecer un sistema de pensiones que resultó insuficiente y que ahora necesitará de un aporte del Estado.
La Ley 3500 nació en la dictadura de Augusto Pinochet y su creador, el entonces ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, hermano del actual Presidente chileno, dio un giro total al sistema que imperaba hasta ese entonces, no solo en Chile sino en muchos de los países que tenían un sistema de pensiones.
Hasta antes de 1980, el sistema vigente en Chile y en América Latina estaba basado en las instituciones diseñadas por Otto von Bismarck (1881), quien convirtió a Alemania en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro social para la vejez.
Este sistema, llamado de ‘reparto’, sigue vigente en la mayoría de países, incluido Ecuador. Parte de un acuerdo de solidaridad intergeneracional, en el cual los trabajadores activos cubren las pensiones de los jubilados actuales.
La cotización se reparte entre trabajador y empleador, pero el Estado pone otra parte para garantizar una pensión mínima a la población.
En Chile, ese sistema fue observado porque se prestó para el clientelismo político. “La inexistencia de una relación entre aportes y beneficios, y la facultad del poder político para definir quién se beneficia y en cuánto, han configurado una fuente de poder discrecional que abrió completamente las puertas a la demagogia y la injusticia”, señaló José Piñera en su discurso a la ciudadanía, el 6 de noviembre de 1981.
Puso como ejemplo la discriminación para acceder a la jubilación. Los obreros debían tener 65 años, los empleados particulares se jubilaban con 35 años de servicio, es decir, cuando tenían entre 55 y 60 años. En la banca debían cumplir 25 años de aportes y los parlamentarios podían jubilarse con 15 años de servicio.
Para Piñera, la falla del sistema era la desvinculación entre los aportes y los beneficios que obtenía del trabajador. “Un sistema de pensiones de claro signo socialista produjo pobreza y discriminación para millones de trabajadores chilenos. Es hora de crear un nuevo esquema que, basado en la libertad y la justicia, permita al trabajador una vejez digna”.
Así nació el sistema de capitalización individual, en el cual cada trabajador aportaba el 10% de su remuneración. La suma de los aportes y los correspondientes intereses se registran periódicamente en una libreta personal. Así, cada trabajador conoce con precisión el total ahorrado.
Sin embargo, las autoridades chilenas generaron una sobreexpectativa en la población. Señalaron que ese 10% de aporte permitiría a un trabajador, bajo supuestos razonables, obtener una pensión cercana a sus últimas remuneraciones. Piñera estimó que un jubilado podría recibir una pensión equivalente al 70% de su sueldo promedio de los últimos diez años.
El modelo arrancó bien, ya que la rentabilidad que obtuvieron las AFP fue alta durante los primeros años, llegando incluso al 16% en aquellos fondos que se dedicaron a realizar inversiones de mayor riesgo.
Como efecto colateral, los ahorros previsionales se convirtieron en un dinamizador de la economía. Entre 1980 y el año pasado, el PIB de Chile pasó de USD 63 000 millones a 286 000 millones en términos reales, según el Banco Mundial. Hasta junio pasado, los recursos de las AFP representaron el 82% del PIB chileno y están invertidos en el país y en el exterior.
Pero las bondades del modelo estuvieron sobredimensionadas, entre otras cosas, porque la rentabilidad real fue la mitad de la proyectada hace 40 años, la informalidad generó que muchos trabajadores quedaran fuera del sistema y el 10% de aporte resultó insuficiente para aquellos trabajadores de bajos ingresos, cuyas pensiones no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas.
Luego de 40 años de la Ley 3500, la expectativa de recibir una pensión equivalente al 70% del salario no se cumplió. En la mayoría de casos llega al 34%, aunque la situación es más crítica para las mujeres, para quienes la tasa llega a 24%.
Pese a que la Ley 3500 tuvo varias reformas a lo largo de las décadas de los 80 y 90, no fue sino en el 2008 cuando se registró un cambio importante en el modelo. Ese año se incorporó el Sistema de Pensiones Solidario, financiado con recursos del Estado y orientado a las personas más pobres.
Actualmente, el debate en Chile se concentra en mejorar este componente solidario, que será clave para que el sistema sea sostenible.
La pandemia por el covid-19 ha ocasionado que los trabajadores chilenos usaran parte o todos sus ahorros previsionales, y esto comprometerá sus pensiones en el futuro.
El modelo de capitalización individual ya venía mutando a uno mixto, pero la actual crisis hará que se consolide con una mayor intervención estatal.
