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Una mirada de Correa y Piñera hacia los medios

Frente a los medios de comunicación y la información existen dos estilos presidenciales en América Latina que cada día se diferencian más. Uno lo pregona el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El otro lo asume el presidente chileno Sebastián Piñera.Correa comenzó a publicar el lunes pasado el Periódico Popular: el verdadero, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de 16 millones de dólares, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de 6 millones de dólares que tiene El Telégrafo, otro diario estatal bajo su administración.

El presidente Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad.

La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN.El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.

Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística.

Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a La Nación, diario sobre el que el Gobierno mantiene un 69% de propiedad.

Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.

En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que esta, en manos privadas, sólo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado.

Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa crítica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.

El gobierno de Correa, con Periódico Popular -que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa- y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista.

A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.

Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua), Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.

En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.

Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de El Telégrafo, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de Gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad” no es más que la versión oficial.

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