La reciente reforma judicial aprobada en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desató un intenso debate nacional e internacional. Esta reforma convierte a México en el primer país en el que jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, serán elegidos por voto popular.
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En este contexto, las implicaciones de la medida han generado un intenso debate entre expertos en derecho que analizan sus posibles efectos.
Mientras algunos consideran que la reforma puede abrir oportunidades para modernizar y democratizar el sistema judicial, otros advierten de riesgos significativos para la independencia judicial. El equilibrio entre estos aspectos será clave para determinar el éxito o el fracaso de la reforma.
La reciente reforma, aprobada tras un prolongado conflicto entre el Ejecutivo y la Suprema Corte, busca reducir el número de ministros en el tribunal de 11 a 9. Además, elimina la pensión vitalicia para los jueces de mayor rango y establece un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar su conducta.
Este cambio ha generado intensos debates sobre la independencia judicial y la relación entre los poderes del Estado.
Esta medida ha generado especial controversia, ya que algunos sectores consideran que podría utilizarse para influir en el comportamiento de los jueces a través de presiones políticas o intimidación.
La reforma contempla la elección de aproximadamente 1 600 jueces y magistrados federales, así como de los miembros de la Suprema Corte, mediante comicios extraordinarios en 2025 y 2027.
Los candidatos serán propuestos equitativamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de equilibrar la participación de cada uno en el proceso de selección. Esta medida busca fortalecer la imparcialidad y legitimidad en la designación de los jueces más altos del país.
Hasta ahora, el presidente de la República proponía a los ministros de la Suprema Corte, y el Senado se encargaba de ratificarlos. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal designaba a jueces y magistrados mediante concursos de méritos.
La reforma elimina este proceso tradicional y lo reemplaza por la elección directa, lo que ha suscitado preocupación entre diversos actores políticos y sociales.
López Obrador ha defendido la reforma como un esfuerzo para “limpiar la corrupción en el sistema judicial” y acercar el poder judicial al pueblo. Sin embargo, los críticos advierten que este tipo de elecciones podría poner en peligro la independencia de los jueces, quienes se verían expuestos a presiones políticas y electorales.
Además, han surgido preocupaciones sobre la posible injerencia del narcotráfico en las elecciones de jueces, dada la influencia que ya ejerce en algunos sectores de la política mexicana.
Reacciones internacionales y comparaciones
A nivel internacional, se ha comparado la reforma con el sistema judicial de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes también son elegidos por voto popular. Sin embargo, en Bolivia han cuestionado la independencia judicial en medio de tensiones políticas entre el presidente Luis Arce y su predecesor Evo Morales.
Además, aunque en algunos estados de Estados Unidos eligen a sus jueces locales mediante voto popular, el caso mexicano es único por la amplitud de los jueces y magistrados que serán electos.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, ha señalado que la reforma propuesta “no tiene precedentes en otras democracias”.
Según Satterthwaite, esta medida podría comprometer gravemente la independencia del poder judicial, un pilar esencial en cualquier sistema democrático. Su advertencia subraya los posibles riesgos para la imparcialidad y autonomía de los jueces bajo esta nueva estructura.
Reflexión sobre el impacto en Ecuador
En Ecuador, donde el sistema judicial enfrenta retos, la reforma en México ha generado preguntas sobre medidas similares. Para Jorge Baeza, decano de Jurisprudencia en la UIDE, la elección popular de jueces conlleva riesgos significativos.
“En México, la elección popular de jueces podría afectar la independencia judicial al someter a los magistrados a las expectativas de los votantes o partidos políticos que los respaldaron. Esto podría llevar a decisiones judiciales influenciadas por intereses políticos o populares, en lugar de basarse estrictamente en la ley y la justicia”, señala Baeza.
En Ecuador, donde la carrera judicial se basa en el mérito y la antigüedad, una elección popular podría alterar el ascenso tradicional de los jueces. Esto introduciría nuevos criterios que podrían poner en peligro la estabilidad del sistema judicial.
El experto advierte que la elección de jueces podría generar el riesgo de que busquen la reelección o aprobación pública, comprometiendo su imparcialidad. Baeza señala que los jueces podrían sentirse presionados a favorecer a sectores populares o poderosos en sus decisiones. Esto, según el académico, pondría en peligro la independencia judicial y la equidad en la aplicación de la ley.
Introducción de jueces sin rostro en Ecuador
Baeza comenta que la posible introducción de jueces sin rostro o anónimos en juicios de crimen organizado, como se propone en la reforma mexicana, podría generar efectos tanto positivos como negativos en Ecuador. Según el académico, esta medida protegería a los magistrados de represalias por parte de organizaciones criminales, permitiéndoles actuar con mayor seguridad y valentía.
No obstante, advierte que el anonimato también podría debilitar la transparencia del sistema judicial y afectar la confianza pública en las decisiones judiciales. Para Baeza, es crucial encontrar un equilibrio entre la seguridad de los jueces y la garantía de un proceso judicial transparente.
No obstante, también advierte que la falta de transparencia asociada con los jueces anónimos podría socavar la confianza pública en el sistema judicial. “La ausencia de identificación de los jueces puede dificultar la rendición de cuentas y la supervisión pública, elementos esenciales para garantizar la integridad del sistema”, enfatiza.
La reducción de ministros en la Suprema Corte de México plantea si algo similar sería útil en Ecuador. Baeza cree que “reducir jueces en la Corte Constitucional de Ecuador podría mejorar la eficiencia”, pero insiste en que se debe planificar bien para no afectar la calidad ni la equidad en la justicia.
Enfrentar la corrupción sin comprometer la independencia judicial
Baeza propone una estrategia integral para combatir la corrupción en el sistema judicial de Ecuador. Esta fortalecería los mecanismos de control y protegería la independencia judicial.
“La selección de jueces debe basarse en mérito y transparencia, con sistemas de evaluación continua para asegurar la integridad”, sugiere.
Mientras que la reforma judicial en México presenta algunas ideas innovadoras, Ecuador debe considerar cuidadosamente sus propias circunstancias antes de adoptar medidas similares. La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del poder judicial deben equilibrarse con la preservación de la independencia y la imparcialidad, elementos esenciales para un sistema de justicia robusto y confiable.
