Hace tres meses, en el diario Opinión de Cochabamba se publicó una columna que causó polémica. En este se hizo alusión al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y al ministro Saccha llorenti.
En una parte el texto dice “…Hay ya en este Gobierno, engendros de mula con demonio (García Linera) o de llama con lucifer (Evo Morales) y travestis con el mismísimo Hades (Sacha Llorenti)”. El texto fue escrito por el teólogo y filósofo Iván Castro Aruzamen.Fernando Molina, editorialista del diario boliviano Página 7, dijo que los aludidos no pudieron hacer nada al respecto, porque el autor de la nota estaba protegido por la ‘Ley de Imprenta’. Desde ese momento, se generó la idea de crear una ley como mecanismo para sancionar publicaciones con este tipo de contenidos.
Este cuerpo legal fue aprobado, la madrugada de ayer por el Senado: es la Ley Antirracista. Luego, el presidente Morales la promulgó, pese al rechazo total de los medios de comunicación, sectores de la sociedad civil y de la oposición que la calificaron como atentado a la libertad de expresión.
Morales firmó rodeado de autoridades y dirigentes sindicales e indígenas horas después de que el Senado, dominado por el oficialismo, la sancionara.
“Son más de 500 años de racismo, con 185 años de vida estatal, 184 años de Estado colonial y un año de Estado plurinacional. Por fin aprobamos la ley contra el racismo y una ley para acabar con el racismo y la discriminación (…); busca la igualdad entre los bolivianos y las bolivianas”, manifestó el Primer Mandatario.
Los senadores de la derecha opositora vistieron camisetas de reos, y gritaron “¡Viva la libertad de expresión! ” , mientras los legisladores oficialistas respondieron con “ ¡Prensa sí, racismo no!”.
María de los Ángeles Baudoin, entrevistadora de la revista Poder y Placer, de Santa Cruz, cuenta que en Bolivia sí existe un consenso generalizado de una ley antirracista ya que es un problema cotidiano en la sociedad boliviana.
“Lo que está en discusión es la proporcionalidad y la subjetividad de las penas respecto a los delitos. En caso de la prensa, lo que se discute es el poner en riesgo el precepto de la libertad de expresión que está siendo cuestionada en los dos artículo de la ley”, agrega la entrevistadora.
Uno de los artículos de la ley implanta sanciones económicas y el retiro de licencia a los medios (escritos y audiovisuales) que publiquen notas que, a juicio de una comisión oficial, se considere racistas o discriminatorias, así sea que provenga de terceros.
El otro artículo impugnado implanta pena de hasta cinco años de prisión si los autores de esas notas son periodistas.
La protesta contra los dos polémicos artículos incluyó huelgas de hambre, marchas callejeras y el jueves los diarios de Bolivia presentaron portadas en blanco y con el epígrafe: “No hay democracia sin libertad de expresión”.
Según Molina, esta ley “se ha redactado de la peor manera posible. Es muy general y drástica. No se define qué es discriminación y qué es racismo. Es subjetiva y puede ser utilizada contra cualquiera. Claramente atenta contra la libertad de expresión”.
Lo más terrible de todo esto, agrega Molina, no es que se imponga la sanción sino el nivel de autocensura a la que se va a llegar para evitar cualquier sanción.
Mientras tanto, las huelgas de hambre y los marchas aumentan. Los trabajadores del diario La Razón realizaron una huelga de brazos caídos, y decenas de periodistas marcharon ayer en La Paz en contra de la ley. La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) expresó su “plena solidaridad” con los periodistas del país.
