Maria Ressa, CEO del sitio web de noticias filipino Rappler, llega para la promulgación de su caso de ciberlibelo al Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila en el Ayuntamiento de Manila (Filipinas), el 15 de junio de 2020. Foto: Reuters
La jefa de la página web de noticias filipina Rappler, conocida por su duro escrutinio del presidente Rodrigo Duterte, fue condenada por difamación el lunes y se enfrenta a una larga pena de cárcel en lo que se considera un golpe a la libertad de los medios de comunicación en el país.
Maria Ressa, directora ejecutiva de Rappler y experiodista de la CNN, fue acusada de “ciberdifamación” por un artículo de 2012 que vinculaba a un empresario con actividades ilegales.
Al dictar el veredicto, la juez Rainelda Estacio-Montesa dijo que el ejercicio de una libertad “debería y debe ser utilizado con el debido respeto a la libertad de los demás”.
Ressa, que tiene doble nacionalidad estadounidense y filipina, se enfrenta a seis años de cárcel, según la juez.
Tras conocer el fallo, Ressa prometió no iba a ser silenciada y acusó al poder judicial de convertirse en cómplice de una campaña para sofocar la libertad de prensa.
“La libertad de prensa es la base de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos filipinos”, dijo ante periodistas. “Estamos al borde del precipicio, si caemos ya no somos una democracia“.
Reynaldo Santos, exinvestigador y escritor en Rappler, también fue hallado culpable en el caso. A Ressa y Santos se les permitió pagar la fianza en espera de una apelación.
El portavoz presidencial Harry Roque dijo que Duterte apoyaba la libertad de expresión y que fue una administración anterior la que impulsó la ley de “ciberdifamación”.
“Nunca hubo una instancia en la que el presidente presentara un caso de difamación contra un periodista“, dijo Roque en una rueda de prensa.
El veredicto se produce después de que el regulador de telecomunicaciones causara una gran conmoción el mes pasado al cerrar la principal emisora del país, ABS-CBN Corp, que había criticado regularmente a Duterte, después de que su licencia expirara.
También se espera que Duterte firme pronto un proyecto de ley antiterrorista, que los activistas temen que pueda ser utilizado para suprimir la libertad de expresión y acosar a quienes desafían al gobierno. El Gobierno ha dicho que el proyecto de ley se inspira en los utilizados en países que han tratado eficazmente el extremismo.
La abogada de derechos humanos, Amal Clooney, que forma parte del equipo legal que representa a Ressa, calificó la condena de “una afrenta al estado de derecho, una dura advertencia a la prensa y un golpe a la democracia en Filipinas“.
“Espero que el tribunal de apelaciones aclare las cosas en este caso. Y que Estados Unidos tome medidas para proteger a sus ciudadanos y los valores de su Constitución“, dijo Clooney en una declaración.
Los legisladores estadounidenses han criticado anteriormente lo que consideran un acoso.