La justicia española liberó este viernes 11 de abril, a ocho presuntos narcotraficantes, detenidos en alta mar con 12 toneladas de hachís, en el segundo caso de este tipo en pocos días, argumentando que las restricciones impuestas a la justicia universal no permiten juzgarlos en España.
Los diputados españoles aprobaron el 27 de febrero una controvertida ley que limita el principio de justicia universal y que fue denunciada por la oposición de izquierdas como una forma de sacrificar los derechos humanos ante intereses económicos o diplomáticos.
Este principio, que permitía a los tribunales españoles investigar hechos ocurridos en el extranjero, generó tensiones diplomáticas, recientemente con China y en el pasado con otros países como Israel.
“El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante”, afirmó el juez Javier Gómez Bermúdez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, argumentando su decisión de archivar el caso.
Dejó así en libertad a ocho hombres de nacionalidad siria, detenidos el 16 de marzo en aguas internacionales por las aduanas españolas, a bordo de un barco con pabellón de Sierra Leona donde se hallaron 12 toneladas de hachís.
El martes, otro juez, Fernando Andreu, había considerado que en aplicación de la nueva ley debía decretar la liberación de ocho presuntos narcotraficantes egipcios detenidos también en aguas internacionales.
Varios jueces criticaron la limitación del principio de justicia universal, y uno de ellos atizó la polémica decidiendo proseguir con su investigación por la muerte de un camarógrafo español de televisión en Irak en 2003.
El principio de jurisdicción universal fue utilizado por primera vez en España en la investigación del entonces juez Baltasar Garzón que llevó a la detención, en 1998 en Londres, del dictador chileno Augusto Pinochet.