Evo Morales, presidente de Bolivia, promulgó una ley de autonomías resistida por algunos sectores. Con esta normativa, el Ejecutivo completa un marco de leyes políticas, judiciales y electorales que considera claves para su administración. Sin embargo, varios sectores, principalmente de la oposición, han empezado marchas y movilizaciones de protesta.
La Ley de Autonomías, una de las cinco con las que el gobierno de Morales piensa fijar su derrotero político y judicial, es la que más rechazo ha generado tanto desde las regiones como de los partidos opositores. “Quienes se oponen a estas normas son retrógradas, conservadores o simples reformistas y aquí estamos para hacer una revolución democrática y cultural”, dijo el Mandatario ante las protestas. El senador opositor Germán Antelo (de la derecha) anunció, poco después de la promulgación, que los congresistas de la región de Santa Cruz entregaron a la justicia un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, advirtió que el recurso “no es contra la ley, es contra los artículos que la hacen inconstitucional”.En el texto, por ejemplo, se señala que se permite la destitución sumaria de los gobernadores solamente mediante acusación de algún delito, sin esperar el fallo de un juez. Este punto es muy sensible, dice Antelo, pues en el momento, la justicia investiga a los gobernadores de la oposición de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni. A ellos Morales los acusa de usar los fondos públicos para organizar referendos autonómicos, algo que el Gobierno central considera ilegal.Con esta normativa el Ejecutivo estaría en posición de sacar de sus puestos a los tres gobernadores de la oposición. La Ley Autonómica “es una norma para perseguir opositores y consolidar el centralismo” , dijo Antelo.Asimismo, el congresista reprocha que la ley de autonomías no desconcentra recursos económicos desde el poder Ejecutivo hacia las regiones.El comité cívico de Potosí (suroeste), una región leal al oficialismo, también protestó. Ellos consideran que la promulgación de esta ley les significará menos ingresos fiscales. Los líderes civiles declararon el lunes un paro de actividades en la capital, mientras seis dirigentes se declararon en huelga de hambre desde la semana pasada.Los indígenas amazónicos también rechazan la ley. Unos 500 aborígenes mantienen una marcha hasta la ciudad de La Paz, aunque esporádicos diálogos con el Gobierno han debilitado la idea de llegar caminado hasta la sede de gobierno. Los indígenas piden la entrega inmediata de tierras fiscales, aunque el Gobierno considera que ello es posible solo tras un proceso de saneamiento (legalización de los derechos de los propietarios). La aprobación de la ley se enmarca en el plazo fijado por la nueva Constitución: en los primeros seis meses del segundo mandato de Morales debían estar listas las leyes políticas, judiciales y electorales.