Es tiempo de miedo en Arizona. Manejar el auto, dejar al hijo en la escuela, llevar a un enfermo al hospital o ir a comprar el pan se ha vuelto un suplicio para los inmigrantes. Tragan saliva para luego, a fuerza de contener la respiración, atajar las lágrimas que, para algunas mujeres, es el único desahogo al pánico que las domina.
En Phoenix, la capital, o en los campos agrícolas de Arizona no se habla más que del amigo al que ya deportaron, de los que ya se han regresado a México o de los que están haciendo maletas rumbo a Utah o a Nuevo México antes de que la ley 1070 los alcance.En la escuela Loma Linda de Phoenix, cuenta la maestra Laura Ramírez, las madres de familia ya no van a traer a los niños. Incluso las profesoras riegan la voz para que los progenitores no se acerquen al plantel mientras los hombres del sheriff andan por allí.
Era una escuela de 1 000 alumnos, 200 se han ido. Cada inicio de año, el jardín infantes comenzaba con 150 estudiantes, este nuevo año solo serán 50.
Ligia Marcial tiene dos niños y entre el llanto saca lo que tiene adentro. “No tenemos futuro. Nos lo arrebató el sheriff Joe Arpaio y unos cuantos ‘gueros’ racistas. Mis hijos son chavitos pero por el color de su piel ya son criminales. ¿Virgencita de Guadalupe, por qué?”. En sus palabras hay frustración, dignidad arrebatada, desasosiego e impotencia.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril firmó una ley que autoriza a todas las fuerzas de seguridad, a los hospitales y otros centros públicos identificar, reportar, procesar y deportar a los inmigrantes sin documentos’ Desde entonces el miedo se regó como pólvora en la ciudad.
María, otra madre de familia, se desmorona cuando recuerda que su hijo Jona, de cinco años, hace poco le dijo: “Mami, estoy cansado de oír lo mismo, por favor habla de otra cosa. Ya no me importan los muebles, solo quiero irme”.
Ella aún no terminaba de relatar su drama cuando un hombre blanco gritó en inglés: ¡Espaldas mojadas, regresen a México!, casi termina en pelea frente al Capitolio, pero se impuso la serenidad.
Políticos y activistas dicen que esta ley es racista. El color de la piel los vuelve sujetos de sospecha y por lo tanto pueden ser detenidos si la Policía presume que no tienen papeles.
En la comarca de Joe Arpaio
Al sheriff Arpaio lo ven como el primero que encendió la mecha del odio. Hace pocos días él dijo a la radio KPHO que “los mexicanos son contagiosos, vienen con muchas enfermedades y son diabólicamente sucios”.
Burlando el miedo, cada tarde los inmigrantes van hasta el área verde del Capitolio y participan en la vigilia de 90 días. Rezan un rosario a la Virgen de Guadalupe, a la que le levantaron un improvisado altar. Le piden un milagro: detener la ley antes de julio.
También oran para que los nervios no los delaten cuando vean a un policía. Incluyen en sus plegarias a la Gobernadora y al Sheriff para que se les ablande el corazón y entiendan que los inmigrantes no son delincuentes. La ley, entre sus razones, esgrime que es para luchar contra los carteles de las drogas y de extorsión.
Sin embargo, lo que más les duele, incluso a los que tienen documentos, es el racismo de los mismos latinos. Un 35% de ellos apoya una ley más punitiva y dura en contra de los inmigrantes.
“Nací en Arizona pero me siento mexicana pura”, dice Berta Carvajal a la salida de la iglesia San Marcos. “Esa generación de mexicanos-americanos que nos rechaza son de los años cincuenta. Recuerdo que les daba verguenza hablar español”.Los feligreses del sacerdote ecuatoriano Fausto Peñafiel se arremolinan alrededor para escucharlo. “No tuvieron el apoyo de los padres, un niño no quiere ser, quiere pertenecer. Ha de ser malo ser chicano, se imaginaron y perdieron la identidad y su cultura, por eso no entienden este problema”, dice Carvajal.
Anna Gaines, fundadora de la organización Ciudadanos Americanos Unidos, es la figura visible de los que, según los inmigrantes, reniegan de la sangre. Ella nació en México, se casó y obtuvo la ciudadanía. Es una de las que toman la bandera contra el libre ingreso de indocumentados en Arizona.
Hispano delincuente, blanco racista
El padre Peñafiel, en su sermón, intenta aliviarles la carga psicológica. “La Gobernadora con esta ley nos ha hecho un gran favor, nos ha unido, porque antes éramos mexicanos, nicaraguenses o ecuatorianos. Es hora de que trabajemos juntos para protegernos en la fe en estos momentos difíciles”. Les recuerda que si la ley entra en vigencia, no solo ellos serán los criminales. “Yo también ya lo soy. El deber moral es ayudar al prójimo y ese comienza aquí”.
Estas palabras en referencia a que la ley contempla que si una persona con papeles o un estadounidense está llevando a un indocumentado en su auto, le está facilitando servicios sociales o compartiendo la vivienda también se le levantarán cargos.
El Consulado de México en Phoenix elaboró una guía de recomendaciones, donde se sugiere que es buena idea tener listos ciertos documentos como aquellos que acreditan la doble nacionalidad mexicana, las libretas de calificaciones de los niños en caso de que decidieran volver.
El cónsul mexicano encargado, Alfonso Navarro-Bernachi, estima que hay unos 350 000 mexicanos indocumentados en Arizona. En una conversación con este Diario, habló de “desmexicanizar” este problema, porque la ley viola los derechos de todos.
Dio a entender que hay la opción legal de que el Gobierno de México participe en algunas de las demandas presentadas en contra de esta ley, en calidad de amigo de la cortes para enriquecer el criterio de las mismas.
Entre el amor y un sistema rajado
Hace ocho años se casaron y aplicaron a Inmigración para conseguir la residencia de él. En medio del proceso llegó una carta asegurando que Pablo todavía estaba casado en México, pese a que él se había divorciado de su ex mujer varios años atrás.
La sugerencia de una abogada fue que se hiciera una publicación en un diario mexicano y si en 90 días la ex esposa no aparecía se declaraba legalmente divorciado. Así se hizo, ella no apareció y Sara y Pablo, pese a que desde el 2002 estaban casados, volvieron a hacerlo en junio del 2009.
Otra vez aplicaron a Inmigración para obtener la residencia de Pablo. Para este tiempo ya debían llamarlo para tomarle las huellas digitales como parte del proceso, pero eso no ocurre.
“Es exasperante. Estamos cansados de tanta espera y de una lluvia de dinero. Más de USD 5 000 gastados y nada”, se lamenta Sara, a quien con esta nueva ley le asalta un miedo permanente de que Pablo vaya manejando por la calle y la Policía lo detenga y lo deporte.
Para ahorrarse problemas es Sara quien lo va a dejar al trabajo en el carro. “Pero según la nueva ley, si ven a una gringa con un mexicano nos paran y me van a detener por ocultar a un sin papeles”.
En caso de que le lleguen los papeles para la residencia, Pablo tiene que volver a Juárez a esperar el perdón por haber entrado ilegalmente por la frontera.
“Con estas violaciones a los derechos ¿Quién me asegura que lo dejarán volver?, conozco de casos que les negaron el retorno. Sara asegura que no están comprando nada y que se están preparando para ir a México, quién sabe si para siempre. “Este es mi país y me hace sufrir. Eso es lo que no ven los políticos”.
Sara y Pablo Cruz son marido y mujer. Ella es estadounidense blanca, de ojos azules y rubia; él es mexicano, trigueño y con un récord limpio. Solo tiene un pecado que estos días es casi imperdonable: entró a EE.UU. burlando la frontera.
Arizona pierde clientes mexicanos
La tienda de instrumentos musicales de la familia de Adalberto López en la animada ciudad de Nogales, en Arizona, vende guitarras y acordeones a bandas de músicos y mariachis que llegan desde México a comprar. Pero a mediados de mayo, la música en la tienda paró.
Los clientes mexicanos que generan casi todas las ventas se mantuvieron lejos como parte de un boicot de dos días (14 y 15 de mayo) para repudiar una severa ley de inmigración en Arizona.
La ley podría dificultar la vida a los minoristas en la frontera, que ya han sido afectados por la recesión y la economía de Arizona se vería golpeada por la pérdida de los negocios. Pero a mayor escala, expertos creen que el comercio general entre EE.UU. y México, estimado en cerca de USD 1 000 millones al día, probablemente no sufrirá por causa del último lío en las a menudo tensas relaciones mexicano-estadounidenses.
La medida causa desafíos legales, cancelaciones de convenciones y desaires de los 65 000 mexicanos que entran al estado cada día para trabajar, visitar parientes y comprar, gastando USD 7,4 millones, según un reciente estudio de la Universidad de Arizona.