El Poder Judicial suspendió al juez Baltasar Garzón
Manifestación de respaldo. Decenas de personas se congregaron en la Audiencia Nacional para apoyar al magistrado suspendido.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer suspender al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Esto después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, abriera el miércoles un juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes cometidos durante el franquismo.
Garzón acumula tres causas en el alto tribunal, recordó el diario El País de España. Las otras dos querellas se refieren a unas escuchas ordenadas durante la instrucción del caso Gurtel y a la financiación de cursos organizados por el magistrado en la Universidad de Nueva York.
Además, ese tribunal aplazó su decisión sobre si concede al juez Garzón un permiso para trabajar en el Tribunal Penal Internacional (TPI). La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomó esa decisión, por unanimidad, a la espera de recibir informes sobre las tres demandas que afronta Garzón.
La Comisión, también, quiere saber si el fiscal general del TPI con sede en La Haya, Luis Moreno, mantiene la oferta al magistrado y si el contrato implicaría alguna inmunidad procesal.
Garzón pidió esta semana ir en comisión de servicios especiales al TPI, en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos. Al día siguiente de la solicitud, el juez Luciano Varela ordenó la apertura de juicio oral en su contra por investigar los crímenes franquistas, sabiendo que no tenía competencia para hacerlo.
“El Pleno ha acordado por unanimidad hacer efectiva la suspensión cautelar de sus funciones, que viene determinada por la resolución dictada por el Tribunal Supremo de la apertura de juicio contra el referido magistrado”, indicó a la prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.
El órgano de los jueces apartó así a Garzón de un puesto en el que lleva más de 20 años.
Mientras, decenas de personas se congregaron en la sede de la Audiencia Nacional para mostrar su apoyo a Garzón. Portaban fotos de las víctimas del franquismo.
Según la demanda, planteada por el sindicato Manos Limpias-, el juez Garzón abrió unas diligencias contra personas fallecidas -entre ellas el dictador Francisco Franco- sobre delitos que habían prescrito o estaban amnistiados.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, informó que el Gobierno español respetaba la decisión del órgano judicial. Pero recordó la “presunción de inocencia” de Garzón porque “el procedimiento no ha terminado”.
