Las redadas causan miedo y perturbación generalizados en las comunidades de inmigrantes que ya están lidiando con las amenazas de deportaciones masivas por parte del presidente electo, Donald Trump. El mandatario asumirá el poder el lunes, 20 de enero de 2025.
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Organizaciones denuncian discriminación y alertan sobre un impacto negativo en familias y economías locales. La incertidumbre causada por estos operativos deja a muchas familias desprotegidas. En algunos casos, padres de familia fueron deportados, dejando a sus hijos menores sin apoyo.
Sorpresa en California, por la detención de 200 migrantes
Organizaciones civiles denunciaron que cerca de 200 inmigrantes, la mayoría trabajadores del campo, fueron detenidos en redadas migratorias. Los tomaron por sorpresa en el Valle Central de California (EE.UU.), una zona importante para la agricultura.
La Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW, en inglés) denunció además “discriminación racial” durante el operativo. Se llevó a cabo por parte de agentes migratorios que viajaron más de 500 kilómetros. Esto lejos de sus jurisdicciones, para hacer los arrestos la semana pasada.
El 7 y 8 de enero de 2025, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) sorprendieron a la comunidad de Bakersfield, con los operativos que se desarrollaron sin previo aviso.
Las acciones generaron gran confusión en la comunidad. Los agentes de CBP tienen la autoridad para conducir búsquedas, sin orden judicial, de vehículos dentro de los 160 kilómetros de cualquier frontera o vía marítima internacional. Pero Bakersfield se encuentra en el Valle Central alejado de la costa pacífica de California.
Tras la polémica, CBP dijo en una declaración que envió al menos 60 oficiales para realizar el operativo enfocado en detener a indocumentados con antecedentes criminales.
“Sabemos que esta no fue una operación dirigida (a indocumentados con antecedentes criminales) como la describió el jefe de la Patrulla Fronteriza”, dijo Ambar Tovar, director de Servicios Legales de la Fundación UFW.
La activista explicó que llegaron a esa conclusión después de hablar con algunos inmigrantes liberados y testigos de las redadas realizadas en una gasolinera. Otro de los lugares fue el estacionamiento de una tienda de construcción de Home Depot y varios puntos de encuentro de migrantes.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitó a los legisladores estatales el poder extraordinario de “transportar” a inmigrantes indocumentados “fuera” de Estados Unidos. Esta información fue difundida por el Miami Herald este jueves.
El diario Miami Herald señala que obtuvo una lista de propuestas de una fuente del Legislativo, con las que el Gobierno del republicano espera endurecer las políticas migratorias estatales. Esto en concordancia con la mano dura que prometió el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.
Esta semana, el republicano DeSantis dijo que convocará una sesión especial del Legislativo estatal para hacer que el estado lidere el programa de deportaciones masivas de Donald Trump.
Entre los planes hay sugerencias de que se autorice un polémico programa estatal que se utilizó en 2022 para trasladar a inmigrantes a Martha’s Vineyard, en Massachusetts. Esto con el fin de “facilitar la deportación de extranjeros ilegales” del país.
El diario detalla que las propuestas son más específicas que las anunciadas públicamente por el Gobierno de DeSantis y encaminadas a los planes de deportación masiva de Trump.
Reunión de sesión especial sobre los inmigrantes
El republicano DeSantis espera que los legisladores puedan reunirse para la sesión especial la semana del 27 de enero, después de la investidura de Trump.
La Legislatura de Florida tiene programado el inicio de su sesión para marzo. La lista también incluye una propuesta para convertir en delito y acusar a los agentes policiales y los funcionarios electos si no cooperan plenamente con las directivas de inmigración estatales y federales.
La oficina de DeSantis busca crear un delito menor de primer grado para los policías y un delito grave de tercer grado para los funcionarios electos que no participen en determinadas acciones federales de aplicación de la ley de inmigración.
Otras propuestas son exigir que se aseguren de que al menos el 10% de su fuerza laboral esté capacitada. Además, que esté equipada para ayudar al Gobierno federal con la aplicación de la ley de inmigración, incluidas las deportaciones.
Permitir que la Guardia Nacional de Florida y la Guardia Estatal de Florida, una fuerza militar civil bajo el control del gobernador, ayuden con esas tareas.