La ex rehén de las FARC Íngrid Betancourt pidió una reparación al Estado colombiano de USD 6,5 millones por daños económicos y morales sufridos durante sus seis años de secuestro. Esto desató una polémica en Colombia.
Betancourt y sus familiares presentaron el 30 de junio dos solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que piden una compensación monetaria por un total de 13 000 millones de pesos (USD 6,5 millones), reveló ayer el Ministerio de Defensa.
La demanda sostiene que el Estado colombiano falló en garantizarle la seguridad, según extractos del texto legal divulgados por la prensa.
Ahora, la Procuraduría debe iniciar un proceso de conciliación entre Íngrid Betancourt, su hermana Astrid, su madre Yolanda Pulecio y sus hijos, Melanie y Lorenzo Delloye, por una parte, y el gobierno de Colombia, por la otra.
Si en esa instancia no se logra un acuerdo, Betancourt y sus familiares podrían interponer una demanda administrativa ante el Consejo de Estado.
La demanda fue de inmediato criticada por funcionarios, dirigentes y gente común en comentarios en los espacios de Internet y en la radio. Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, fue plagiada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en febrero del 2002 y rescatada por una operación de las fuerzas militares colombianas el 2 de julio del 2008.
El Ministerio de Defensa de Colombia se declaró “sorprendido y apesadumbrado” por la solicitud, y recalcó que con la Operación Jaque, que logró su rescate junto con el de tres estadounidenses y 11 policías y militares colombianos, “mujeres y hombres de las FF.AA. arriesgaron su vida” por su libertad.
El vicepresidente Francisco Santos opinó que la solicitud de Betancourt constituye un “precedente funesto” y es “una puñalada a la Fuerza Pública”.
El arzobispo de Bogotá, cardenal Pedro Rubiano, consideró que la demanda carece de sentido “porque no fue el Gobierno que la secuestró”.